El Gobierno ha rescatado un anteproyecto de ley redactado hace más de un año para penalizar la piratería de tarjetas, que afecta al negocio de las plataformas digitales por satélite de televisión españolas, y lo hará realidad con una modificación del Código Penal, según se desprende de la Ley Integral de Lucha contra la Delincuencia presentada la pasada semana por el Gobierno.
El texto contempla la modificación del artículo 280 bis con el objetivo de perseguir «la fabricación u obtención y venta de medios técnicos necesarios para acceder de forma inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o de televisión».
De este modo, el Ejecutivo pretende dificultar la proliferación de estos dispositivos electrónicos y cerrar los canales de distribución, una buena parte de ellos dispersos por tiendas especializadas y, sobre todo, en Internet. Poco se sabe del número de tarjetas piratas adquiridas en España en los últimos años, aunque, como ya han adelantado ejecutivos de las plataformas, la cifra podría ascender como mínimo al millón y medio. Estos dispositivos permiten a sus poseedores ver toda la programación de una plataforma (incluidos los eventos de pago por visión: cine de estreno, pornografía y fútbol) abonando sólo la cuota mínima.
En Andalucía, Málaga es el punto más importante de fabricación y distribución de estas tarjetas; y en Sevilla, el pasado año, 10.000 hogares tenían uno de estos dispositivos, aunque, según la Federación Antipiratería, «la cifra podría multiplicarse por cinco a tenor de los datos que aparecen en Internet».
No obstante, la lucha de las plataformas por evitar estas prácticas ha sido incuestionable. El pasado mes de marzo, Canal Plus demandó a la compañía británica NDS, propiedad del magnate Rupert Murdoch, que fabrica las tarjetas que operan en 28 millones de descodificadores en todo el mundo, por difundir por Internet los códigos e información necesaria para que los hackers liberaran las tarjetas de Canal Plus. Pero hay todavía hay quienes piensan que esta denuncia forma parte de una lucha interesada.
Esta reforma del Código Penal también contemplará como delito la utilización ilegítima de los códigos secretos de teléfonos móviles y otros aparatos de comunicación para cargar en cuentas ajenas llamadas telefónicas propias.
Reacciones
Noelia García Noguera, abogada especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías y asesora de la web portaley.com, aseguró ayer a este periódico que la regulación es necesaria «en tanto que el día a día nos dice que es una práctica cada vez más extendida». La letrada apuntó que también se ha hablado mucho de la responsabilidad de las plataformas, «quienes no se han esforzado demasiado en atajar el problema».
Los comentarios han sido de todos los gustos. «Por ejemplo, algunas publicaciones on-line aseguran que son las propias empresas audiovisuales quienes liberan en Internet los códigos, pero no hay forma de probarlo», dijo. La especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías subrayó que esto podría ser «porque la publicación de los códigos sirve de anzuelo para aquellos consumidores que aún no se han abonado a la televisión de pago».
Por otro lado, Carlos Sánchez, abogado especialista en nuevas tecnologías, aseguró que la tipificación de este tipo de delitos obedece a un intento del Gobierno de «mantener los ingresos de estas empresas». Para Sánchez hay un dato interesante: «Cuando comenzaron a comercializarse las primeras tarjetas piratas, Canal Satélite Digital (CSD) obtuvo un salto importante en cuanto al número de abonados llegando a tener meses después unos 600.000 suscriptores más. A los pocos meses, CSD aumentó el precio de la cuota básica… No puedo decir si promovió o no la venta de tarjetas pirata, pero aquí están los datos».
La dificultad de los hackers para hacerse con los códigos de Vía Digital provocó un éxodo masivo de abonados a su competidora en el mercado, CSD. «Y, claro está, en el futuro proyecto de fusión de plataformas es precisamente CSD el que tiene mayor participación y, por supuesto, el más beneficiado, con un 73 por ciento, mientras que Vía Digital se lleva el resto, un 27 por ciento», concluyó el abogado Carlos Sánchez.