La desestimación del recurso presentado por Localia TV, que el pasado 5 de agosto quedó fuera de juego en el nuevo mapa audiovisual de la región madrileña, o el polémico «Pacto del agua» han sido algunos de los temas tratados por el vicepresidente primero, Ignacio González, tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Comunidad. A ellos se ha sumado la posible querella a la ministra de Sanidad por no retractarse de las declaraciones en las que acusaba al Gobierno regional de «dar muestras repetidas de actuar en contra de la salud de los madrileños».
Televisiones digitales
El pasado 5 de agosto la Comunidad de Madrid dibujó un nuevo mapa audiovisual para la región madrileña. De hecho, asignó 40 nuevos canales de televisión digital terrestre gratuitos que, a partir del Plan Nacional de Televisión Local Digital aprobado por el Gobierno central en 2004, emitirán durante los próximos diez años en la región. De los 40 canales, diez de ellos estarán gestionados directamente por otros tantos ayuntamientos. El resto fue asignados a grupos como Libertad Digital TV, Televisión Digital Madrid, Uniprex Televisión, Kiss TV Digital o Canal 7 TV dejando fuera, entre otros, a Localia TV, cadena que presentó, al igual que otras, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que solicitaba la anulación del concurso y la suspensión del cierre de la cadena.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, informó este jueves que estos recursos «han sido desestimados» por lo que espera que las televisiones que recurrieron el concurso de adjudicaciones de licencia respeten las resoluciones judiciales y los derechos de los adjudicatarios de las licencias de emisión.
En este sentido, González ha indicado que el Ejecutivo regional acata y cumple la resolución judicial, y espera que «tanto los adjudicatarios como los no adjudicatarios hagan lo mismo». Concretamente, el auto que dictó el pasado día 9 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que la suspensión de los efectos de la adjudicación causaría «perjuicios difícilmente reparables a las empresas adjudicatarias».
Además, la resolución señala que «respecto a la eventual decisión de cierre de sus emisoras, aparte de ser un hipotético acto futuro, es que, si se produjera, lógicamente, estaría íntimamente ligado a la efectividad de las adjudicaciones realizadas por la Orden impugnada». Por ello, el auto acuerda denegar las medidas provisionales solicitadas por las televisiones que no resultaron adjudicatarias.