El grupo audiovisual Canal+ y su principal accionista, Vivendi, han sometido de nuevo la compra de la plataforma digital TPS al análisis de la Autoridad de la Competencia, anunció hoy ese organismo, que en septiembre les retiró la autorización dada en 2006 por no haber cumplido sus compromisos.
El grupo audiovisual Canal+ y su principal accionista, Vivendi, han sometido de nuevo la compra de la plataforma digital TPS al análisis de la Autoridad de la Competencia, anunció hoy ese organismo, que en septiembre les retiró la autorización dada en 2006 por no haber cumplido sus compromisos.
En su comunicado explicó que este lunes le notificaron la operación y que ahora deberá examinarla teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, y que no iniciará ese trámite hasta no haber verificado que el dossier presentado contiene las informaciones necesarias. La Autoridad evaluará el impacto sobre la competencia considerando la situación que prevalece en la actualidad en los mercados afectados y estudiará igualmente las soluciones que puedan o deban ser aportadas a los problemas de competencia susceptibles de ser identificados, se indicó en esa nota. En ella se añadió que desde este momento, todas las terceras partes interesadas (cadenas de televisión, operadores de telecomunicaciones, productores) están invitadas a presentar sus observaciones al organismo.
Canal+ y Vivendi lograron la autorización a cambio del respeto de una serie de condiciones (59 en total) cuyo objetivo era que los distribuidores de televisión de pago alternativos (básicamente los proveedores de internet) pudieran acceder a contenidos atractivos para constituir paquetes de cadenas competitivos que alimentaran la competencia.
Sin embargo, la Autoridad de la Competencia constató que Canal+ tardó en poner a disposición de esos distribuidores alternativos los siete canales que debía permitirles incluir en sus ofertas y degradó la calidad de esos canales, por lo que a finales del pasado septiembre le retiró el permiso. Canal+ reaccionó a esa retirada y a la sanción de 30 millones de euros que la acompañó anunciando que la iba a recurrir para recuperar su licencia, por pensar que se trataba de una decisión desproporcionada respecto a las supuestas faltas cometidas.