El régimen de ayudas públicas a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España para compensar la transmisión simultánea de señales análogicas y digitales durante el periodo de transición de una tecnología a otra ha sido considerado ilegal por la Comisión Europea.
La Comisión no exigirá la recuperación de las cuantías tras determinar que no se llegó a conceder ayuda alguna.
Para la Comisión Europea, el régimen de ayudas es ilegal porque va en contra del principio de neutralidad tecnológica y no es necesaria ni proporcionada, según indicó Margrethe Vestager, comisaria de Competencia. Para la comisaria, España no logró demostrar que la ayuda fuera necesaria dado que no argumentó que esa ayuda fuera vital para garantizar la continuidad de las emisiones a toda la población puesto que las propias televisiones podrían haber asumido el coste sin problemas. Y, de hecho, lo habrían realizado para no perder espectadores.
Y efectivamente, así ocurrió, dado que finalmente fueron los operadores privados quienes garantizaron las emisiones sin recibir ninguna ayuda estatal.
La investigación del Ejecutivo comunitario, iniciada en abril de 2012 (dos años después del apagón analógico) constata que las ayudas sólo se ofrecieron a operadores de emisión terrestre (TDT), y no a operadores de cable, satélite o redes IPTV, lo que viola el principio de neutralidad tecnológica, motivo fundamental que tumba el régimen de ayudas que estableció el ejecutivo.