La patronal de tecnologías Asimelec ha enviado una carta a los grupos parlamentarios en la que advierte de que la tasa a los operadores de telecomunicaciones para financiar RTVE incluida en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso puede ir contra las directivas comunitarias.
En la carta, tras reiterar que es incomprensible que las operadoras financien las obligaciones de servicio público de un sector distinto al suyo, recuerda que existen determinados límites relativos al marco regulatorio de las cargas tributarias que se pueden imponer a los operadores de telecomunicaciones. Explica que el proyecto impondría un tributo a las empresas del sector asociado únicamente a su condición de operador de telecomunicaciones electrónicas.
Eso, agrega, sería contrario al derecho comunitario ya que la directiva 97/13/CE prohíbe a los estados miembros imponer a los titulares de licencias individuales de telecomunicaciones por el mero hecho de poseer tales licencias, tributos distintos a los autorizados por la misma. También considera que vulnera el tratado de la UE en relación a las regulaciones del régimen de las ayudas del Estado que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
En el marco jurídico nacional, Asimelec advierte de que la tasa del proyecto de ley resulta totalmente ajena a las definiciones de tributos contenidos en la Ley General Tributaria y no tienen fundamento constitucional. Recuerda que el Gobierno no ha considerado las advertencias del Consejo de Estado y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre el proyecto ni ha consultado al sector. Añade que sigue un modelo muy cuestionado que sólo se ha aplicado recientemente en un único país y que ya ha sido advertido como ilegal por la comisaria europea.
Asimelec solicita la paralización del proyecto de ley o que retiren del mismo la tasa especial del 0,9% de los ingresos de las empresas de comunicaciones electrónicas.