Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas como presuntos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones, por piratear la señal de televisiones de pago, causando perjuicios por valor de unos ocho millones de euros.
Entre los arrestados dentro de la denominada «operación Ríos» figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, responsables de redes locales de televisión por cable, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores.
La operación policial se inició a raíz de las denuncias interpuestas por las entidades perjudicadas. Como consecuencia de las investigaciones realizadas se practicaron registros en centros emisores de televisión y en domicilios, tanto sociales como particulares, de empresas titulares de redes locales de cable.
Estaban ubicados en las localidades de malagueñas de Nerja y San Pedro de Alcántara; en las sevillanas de Puebla del Río y de Coria del Río; en Val de San Lorenzo (León); y en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y eran utilizados para «teledistribuir» de manera ilícita canales de acceso condicional.
Además de estos contenidos, realizaban compras de emisiones de pago por visión (partidos de fútbol, películas, corridas taurinas, etc), y una vez descodificados, redistribuían la señal de manera no autorizada a sus «clientes», que pagaban una cuota como abonados a las redes locales o a terceros.
Durante otra fase de investigación, se localizaron distribuciones ilícitas en hoteles y en comunidades de vecinos. Utilizaban un único descodificador, correspondiente a una suscripción como abonado particular (individual), y lo utilizaban para «montar» una cabecera desde la que se distribuían los contenidos de acceso condicional en cada habitación del hotel o en las viviendas de la comunidad.
Por estos hechos han sido inspeccionados cuatro establecimientos hoteleros en las localidades de Soria; Tuy y Bayona en Pontevedra; y en Astorga (León); además de cuatro comunidades de vecinos en Elche (Alicante), Manzanares (Ciudad Real) y Lora del Río (Sevilla).
En total, se han intervenido un total de 52 descodificadores y 29 tarjetas de acceso condicionado, junto con diversa documentación acreditativa de la actividad ilícita mantenida. En algunos casos se ha procedido a la desinstalación física de los amplificadores de señal situados en la vía pública y del tendido aéreo de cables que servían para la distribución de contenidos a los abonados de las redes locales intervenidas.