Telefónica está a punto de poner fin a su aventura mediática, pero su salida está siendo más complicada de lo esperado. La operación de compra de Onda Cero por Antena 3, que se ejecutó en 2002, ha acabado en los tribunales. Dos accionistas minoritarios de la cadena televisiva han presentado una querella por un supuesto delito de estafa. El proceso judicial sigue su curso y ya han prestado declaración los cuatro ex directivos querellados.

La compra de Onda Cero por Antena 3 fue planteada el 23 de noviembre de 2001 en una comisión ejecutiva en la que el entonces presidente de Admira, Juan José Nieto, apuntó la necesidad de constituir un gran grupo audiovisual y propuso la adquisición. Tal y como consta en las actas, manifestó que la operación era urgente y reclamó el cierre de la misma antes de que finalizara el año en curso. Una apuesta así resultaba hasta lógica, pero sólo restaban 38 días para cerrar el ejercicio. No es de extrañar que uno de los consejeros, Alejandro Kindelán, señalara entonces que, aunque entendía la propuesta, creía necesario un periodo de reflexión.

Pero igual de inesperado que fue el anuncio de la propuesta de compra, inesperada fue también la reacción de una accionista minoritaria que, días después de cerrarse la operación, presentaba una demanda civil en un juzgado de Alcobendas contra cuatro ex directivos de Antena 3, vinculados en su momento a Telefónica. La demandante los consideraba autores de un presunto delito de estafa.

La demanda fue admitida a trámite el 17 de abril de 2002, y a la misma se sumó otro pequeño accionista poco después. El proceso judicial iniciado siguió su curso en fase de instrucción hasta que los denunciantes decidieron trasladar el asunto a la vía penal mediante una querella contra las mismas personas y que fue admitida a trámite el 15 de septiembre de 2003. Esta decisión motivó que se suspendieran las actuaciones por la vía civil.

En el período que media entre abril de 2002 y septiembre de 2003, los abogados que representan a los ex directivos de Antena 3 vinculados a Telefónica manifestaron a los letrados de los dos denunciantes que la operadora estaba dispuesta a comprarles sus pequeños paquetes de acciones. La negativa de uno de ellos a vender y el escaso precio ofertado a juicio del otro, dieron al traste con el primer intento de Telefónica de poner fin al proceso judicial.

El segundo de los intentos para llegara a un acuerdo económico que cierre la vía judicial, según fuentes de uno de los querellantes, se ha iniciado ahora. Los letrados de ambas partes habrían protagonizado un nuevo acercamiento para llegar a un acuerdo definitivo que motivara que los querellantes, o al menos uno de ellos, desistiera del proceso y facilitara así el principio del fin del procedimiento. Uno de los querellantes asegura estar dispuesto a negociar para poner fin al proceso.

Pese a estas manifestaciones de uno de los querellantes, fuentes de Telefónica aseguran que ya en una comisión ejecutiva de 20 de marzo de 2002 los consejeros de Antena 3, tras conocer las intenciones de dos minoritarios de ir a los tribunales, decidieron no aceptar presiones. Fuentes de la operadora manifiestan que todo es un chantaje contra la caja de Telefónica, que la operación fue absolutamente clara, y que se llevó a junta de accionistas cuando se podía haber aprobado en un consejo. Se recuerda que las plusvalías por la operación fueron inferiores a 3 millones de euros y que dentro de los rangos que se presentaron se optó por el más bajo. Se asegura además que había más pretendientes por Onda Cero a los que se hubiera exigido un precio mayor.

Los impulsores de la querella consideran que desde la operadora, con el apoyo de sus directivos que también formaban parte del consejo de Antena 3, se urdió una maniobra para forzar la compra de Onda Cero por un montante de 240 millones de euros, un precio flagrantemente contrario al interés de la compañía y burdamente favorable al socio de control, que era precisamente Admira. La querella explicita que, en este caso, el que tomó la decisión de vender y el que impuso la decisión de comprar fue la misma empresa: Admira que es una filial 100% de Telefónica.

Negocio ruinoso

Dicen los minoritarios que Telefónica le endosó a precio de oro un negocio ruinoso para que fuera Antena 3 y no Telefónica la que pagara la decisión de la operadora de invertir en medios de comunicación. En el escrito presentado ante el juez decano de Alcobendas por los querellantes se indica que Admira compró Onda Cero en el año 99 por unos 119 millones de euros según consta en el informe elaborado por Salomon Brothers al que ha tenido acceso este periódico. En los años en los que estuvo bajo dependencia de Admira acumuló 47 millones de euros de pérdidas, más otros 24 millones más en el año 2002. Además, Telefónica tuvo que financiar las dos sociedades propietarias de las emisoras, Uniprex y Cadena Voz Radiodifusión, con 99 millones de euros pues estaban en situación de quiebra.

Debido al volumen de pérdidas acumuladas y pese a los préstamos irrecuperables aportados por Telefónica, se decidió cortar la sangría de pérdidas y recuperar las ayudas financieras y la inversión buscando un incauto comprador —dice la querella— que heredara semejante fuente de pérdidas. Admira lo encontró en Antena 3 de la que poseía el 47,5%, y puso en marcha una operación contraria al interés social, perjudicando a los minoritarios, y en beneficio exclusivo de Admira. Los querellados —añade— idearon y ejecutaron un plan para que Antena 3 pagara 240 millones de euros por unas sociedades que Admira compró por 119 millones, que acumularon 47 millones de pérdidas y que le debían 99 millones más.

Riesgos ocultos