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Las mujeres y jóvenes de
El Gobierno quiere adelantar el «apagón analógico» televisivo al año 2010.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, anunció ayer que las tres grandes leyes que prepara en estos momentos su departamento se presentarán al Consejo de Ministros el próximo mes de febrero. En concreto se trata de la Ley General de Telecomunicaciones, la nueva ley del Audiovisual y la ley de Firma Electrónica, que a principios de marzo podrán entrar para su discusión en las Cortes Generales y afrontar su aprobación definitiva antes de que concluya la presente Legislatura.
Piqué repasó las líneas generales de la nueva ley del Audiovisual, algunas de cuyas medidas ya se han adelantado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año, y que establecen un régimen de incompatibilidades en la propiedad de estaciones de televisión para salvaguardar el pluralismo. De este modo – explicó el ministro- no se podrán tener dos licencias que se superpongan en un mismo territorio.
Una de las novedades que apuntó el ministro es el deseo del Gobierno de adelantar el apagón analógico, previsto en principio para 2012, al año 2010, y para ello tiene intención de implantar una serie de medidas que faciliten la transición tecnológica. La nueva ley distinguirá, además, entre proveedores de contenidos, operadores de televisión y portadores de señal.
En cuanto a la nueva ley de Telecomunicaciones, Piqué reiteró que simplificará la regulación del sector suprimiendo el régimen de autorizaciones, que se permitirá la compraventa de espectro, y que será muy estricta en sus sanciones. El Ministerio impulsará también un plan industrial para el sector con el objetivo de aliviar su delicada situación y difundir el uso de los servicios de la Sociedad de la Información.
A partir del próximo miércoles no se podrá estar en el accionariado de una televisión nacional y en otra local o autonómica.
A partir del próximo 1 de enero entrarán en vigor las incompatibilidades que ha marcado el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el accionariado de las televisiones en nuestro país. Las medidas que anunció Piqué a finales de noviembre, se adoptaron después de que en el primer consejo de ministros de octubre se decidiera eliminar el tope accionarial del 49% en una cadena para un mismo accionista, circunstancia que va a modificar el mapa empresarial de las televisiones en España.
Ahora, a partir del próximo miércoles, un mismo grupo no podrá estar en el capital de una televisión nacional y estar a su vez en el accionariado de una televisión local o autonómica. Incluso estas dos últimas también son incompatibles entre sí están en la misma circunscripción. La decisión, que se incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, ha desatado un profundo malestar entre algunos de los grandes grupos de comunicación españoles.
Estas medidas afectan, de forma considerable, al Grupo Prisa, que tendrá que decidir entre permanecer en Sogecable, que controla Canal Plus, o Localia, su red de estaciones locales. También se ve afectado el Grupo Correo Prensa Española, quien al estar en Telecinco no podrá permanecer en su televisiones locales ni en las autonómicas. En menor medida se ve afectada Antena 3 que también participa en algunas estaciones locales en Castilla y León con el empresario Méndez Pozo.
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El deficitario grupo alemán de comunicación Kirch Media ha pedido al banco alemán Dresdner Bank una indemnización por la pérdida del control de una participación del 25% en la cadena española de televisión Telecinco. Este paquete de acciones constituía la garantía de un crédito de 460 millones de euros otorgado por Dresdner Bank a KirchMedia, compañía que se declaró insolvente el pasado abril.
El banco germano se adjudicó definitivamente la participación de Telecinco en una subasta celebrada en Madrid el pasado viernes. La entidad, que no facilitó el precio de la operación, ha confirmado su interés en vender los títulos en la cadena española.
Según indicó un portavoz de Kirch Media, el grupo alemán comunicó el mismo viernes a Dresdner Bank que duda del derecho del banco a hacerse con el paquete de acciones y le pidió una indemnización en el caso de que el precio de éste sea inferior al valor que tenían los títulos de Telecinco a principios de año.
Además, Kirch solicita a Dresdner Bank, filial del grupo asegurador Allianz, que se pronuncie sobre este asunto antes de la tercera semana de enero, añadió el portavoz.
Sogecable y Vía Digital, que quieren fusionar sus deficitarias plataformas de televisión digital, están renegociando los detalles financieros del proyecto, después de que varios bancos de inversión mostraran su escepticismo sobre la viabilidad del proyecto.
«Los equipos de ambas empresas han vuelto a sentarse en la mesa para revisar algunos puntos, entre los que destacan los elevados compromisos financieros que aportaría Vía Digital a la nueva empresa», dijo una fuente cercana a las conversaciones a Reuters.
Encima de la mesa está la abultada deuda de Vía Digital, la plataforma controlada por Telefónica, que acumula unas pérdidas superiores a los 2.000 millones de euros desde su lanzamiento. En el proyecto de fusión, Telefónica se ha comprometido a asumir una deuda cercana a los 500 millones de euros de Vía Digital para que la nueva empresa no nazca con un endeudamiento superior a los 1.000 millones de euros. «Esto no será suficiente, Telefónica debería asumir unos 700 millones de euros de la deuda de Vía Digital para que se alcance este objetivo», dijo otra fuente que participa en las conversaciones.
Merrill Lynch estima la deuda acumulada de Vía Digital en 525 millones de euros, aunque, según otras fuentes, los compromisos totales de esta plataforma ya rondan los 1.000 millones de euros. A esta deuda, se sumarán los compromisos de Sogecable con los estudios de Hollywood y 200 millones de euros de Audiovisual Sport, la empresa compartida de Sogecable y Vía Digital, que ostenta los derechos de fútbol en España. Merrill Lynch estima que en 2004, la plataforma que nacería de la fusión de Sogecable con Vía Digital, tendría una deuda de 1.700 millones de euros.
«El punto clave es cómo financiará Sogecable estos compromisos. No creemos que los bancos asuman este riesgo sin garantías, por lo cual se requerirá o un aval de los socios de referencia o una ampliación de capital», dijo el «broker» en un informe fechado el pasado viernes.
Pero los problemas de la nueva Sogecable no se agotan en el tema de la deuda. La compañía está sondeando también la posibilidad de aliviar las condiciones impuestas por el Gobierno a la operación. Entre los temas que más reticencia han provocado es la regulación de precios anunciada por el Ejecutivo, que prohibirá a Sogecable a elevar precios en 2003 y subir sus tarifas menos del dos por ciento durante los tres años siguientes.
Otro tema espinoso es la integración de la tecnología. Sogecable transmite su oferta vía el satélite paneuropeo Astra, mientras Vía Digital ha optado por el satélite español Hispasat. «Ajustar las antenas a Hispasat costará 90 euros por abonado» advirtió una de las fuentes. Canal Satélite Digital, la plataforma de Sogecable, cuenta con 1,25 millones de clientes, mientras Vía Digital tiene unos 800.000 abonados.
Por otra parte, fuentes cercanas a las negociaciones reconocieron que la costosa campaña de publicidad lanzada por Vía Digital para aumentar su número de clientes en la recta final de la fusión ha causado cierto malestar en Sogecable. «Se ha enfriado el asunto de la fusión», dijo una de las fuentes aunque agregó que Telefónica, ansiosa de poner fin a su costosa incursión en la televisión digital, podría verse obligada a aceptar unas condiciones más duras en la fusión.
De todas formas, ninguna de las fuentes espera una toma de decisión inmediata. «Tenemos plazo hasta el 29 de enero y será más bien en torno a esta fecha que anunciaremos nuestra decisión», dijo la otra fuente. Las dos compañías querían inicialmente anunciar antes de Navidad si aceptarían o no las condiciones impuestas por el Gobierno y presentar ante el Servicio de Defensa de la Competencia un plan detallado de actuaciones.
Coinciden en que la intervención de los precios retrasará la rentabilidad de la nueva compañía.
El estudio detallado de las 34 condiciones impuestas por el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre a la operación de integración de Vía Digital en Sogecable llevará a las dos compañías afectadas, Telefónica, accionista principal de Vía Digital, y a la propia Sogecable, participada por Prisa y los franceses de Vivendi, a apurar el plazo legal de dos meses previsto para pronunciarse sobre las condiciones impuestas y, en caso de aceptarlas, remitir el plan de actuaciones al Servicio de Defensa de la Competencia, que estudiará si fija modificaciones al proyecto presentado. Así, será a finales de enero cuando, de no mediar un imprevisto, se haga pública la decisión de las compañías sobre la fusión.
El retraso en el pronunciamiento sobre el acuerdo del Consejo de Ministros tendrá consecuencia directa en la previsible venta de la participación de Telefónica en Antena 3 TV, una decisión directamente derivada de la considerada trigésimoquinta condición fijada por el Gobierno ¬el anuncio del mantenimiento de la prohibición de participación simultánea en dos cadenas nacionales de televisión¬, no incluida en lo aprobado el pasado 29 de noviembre pero que condiciona sobremanera los términos de la fusión.
Pues bien, todo apunta a que la salida de Telefónica de Antena 3, donde controla el 47,4 por ciento a través de su filial de medios, Admira, no se producirá a corto plazo, en contra de lo que se ha venido especulando. El presidente de la operadora, César Alierta, se tomará su tiempo, amparado por los plazos legales, que le dan un margen máximo de hasta un año y medio para desprenderse de Antena 3, si opta finalmente por centrarse en el negocio de la televisión de pago. Una vez que Sogecable y Telefónica remitan a Competencia su plan de actuación y éste sea aprobado, tienen un plazo de seis meses para acometer el proceso de fusión. Será entonces, cuando la integración de Vía Digital en Sogecable sea una realidad jurídica, cuando Telefónica disponga de un año para proceder a la desinversión en Antena 3.
Los equipos financieros de Sogecable y Telefónica, que por separado están analizando el escenario de la fusión dibujado por el Gobierno, muestran dos ejes principales de preocupación: la intervención de precios, que se prolongará durante cuatro años, y las limitaciones impuestas a la operadora de telecomunicaciones para la comercialización a través del ADSL de los contenidos de Sogecable.
En el caso de la intervención de precios, que se traducirá en congelación el primer año y subida por debajo del IPC los tres siguientes, los técnicos de Sogecable y Telefónica coinciden en sendos estudios efectuados por separado en que esa condición retrasará la entrada en rentabilidad de la compañía resultante de la fusión.
El informe del SCH sobre la fusión divulgado recientemente fijaba el «break even» a finales de 2005. Teniendo en cuenta que los últimos cinco años las pérdidas de las dos plataformas superan los 1.300 millones de euros, cualquier retraso en el logro de la rentabilidad derivado de la fusión es valorado muy negativamente por ambos operadores.
Desde ambas compañías, se tiene muy presente que el objetivo de la integración emprendida es fundamentalmente económico, entendido como la vía más adecuada y factible para acabar a medio plazo con la sangría económica que ha supuesto la aventura de la TV de pago. Por ello cualquier dificultad añadida a la pretendida rentabilidad, como creen que es la intervención de precios, es considerado un escollo de importancia.
En el ejercicio 2001, las pérdidas de Vía Digital se elevaron a 334 millones de euros, mientras que las de Canal Satélite fueron de 26 millones, pese a que otros negocios y parámetros de Sogecable elevaron el beneficio neto a 2,8 millones. En el primer semestre de 2002, Vía perdió 66,6 millones, y Sogecable 15 millones. En líneas generales, la fusión permitirá a Telefónica dejar de perder 80.000 millones de pesetas anuales en la división de TV de pago.
La Comisión Europea puede imponer condiciones añadidas en el ámbito de los derechos del fútbol, si concluye que los requisitos exigidos por el Gobierno español no son suficientes para resolver los problemas de competencia en el mercado de fútbol, según han indicado fuentes comunitarias. Bruselas aún no ha cerrado su investigación sobre Audiovisual Sport, un expediente que comenzó en abril de 2000. El reparto de derechos entre las dos plataformas y la larga duración del acuerdo, 10 años, fueron los principales motivos de preocupación de la Comisión. El Consejo de Ministros español ha limitado a tres años el próximo contrato de la Liga, pero ha excluido a Real Madrid y Barcelona, que tienen firmados sendos contratos con Audiovisual Sport hasta 2007.
Los grandes estudios de Hollywood y los operadores europeos de televisión de pago están cerca de alcanzar un nuevo acuerdo para que los estrenos en Pago Por Visión o PPV puedan verse antes en estas plataformas.
Las negociaciones están encaminadas a reducir el tiempo que tardan en llegar las películas a las plataformas para su emisión en PPV. Actualmente el tiempo estipulado es de seis meses desde su lanzamiento en Vídeo/DVD, y parece que podría conseguirse reducir este tiempo hasta los tres meses.
Los operadores de TV alegan que un plazo tan elevado de tiempo está impidiendo al PPV despegar y hacerse rentable. Por contra, las majors dicen que adelantar el plazo para la emisión en PPV, podría reducir los ingresos que obtienen por alquiler de Víde/DVD.
Dresdner Bank se convirtió ayer en socio en un 25 por ciento de Telecinco y de otro tanto en Publiespaña, al serle adjudicada en subasta dicha participación anteriormente en manos de KirchMedia, que ha presentado expediente de quiebra. El porcentaje en juego procedía de un aval concedido en su momento al consorcio matriz de Leo Kirch, Taurus Holding, por el propio Dresdner y que el banco valoró en 460 millones de euros. Kirch venía cifrando su parte en Telecinco en 500 millones de euros. La transacción supone en la práctica una ejecución del aval, pues el derecho de Dresdner sobre la parte Kirch era hasta ahora sólo teórico.
Apenas días antes, el primer socio de la emisora española, la italiana Mediaset, compraba un 12 por ciento de la misma por 276 millones al Grupo Correo Prensa Española, que sigue manteniendo un 13 por ciento. Esta transacción está pendiente de las nuevas disposiciones de reforma de la propiedad en TV, pero se materializará en enero.
Portavoces en Madrid del que es tercer banco alemán y filial de la aseguradora Allianz confirmaron que una empresa del banco había ofrecido la puja más alta pero rehusaron hablar de cifras; según se informó la subasta arrancó en 375 millones, desglosados en una participación de 300 en la cadena y otra de 75 por un porcentaje similar del 25 en Publiespaña.
«Dresdner planea vender ese porcentaje en el futuro», señaló por cuenta del banco Karl Friedrich Brenner, que aclaró a la agencia AFP/EP no afrontar presión ninguna de tiempo para deshacerse de esta participación. Mediaset, que venía siendo la interesada más sonada, ha alcanzado ya el 52 por ciento de Telecinco y podría haber saciado por el momento su necesidad de control de ésta, generalmente señalada como la cadena más rentable de Europa.
Según «Financial Times Deutschland», que recuerda que el dueño de Mediaset fue padrino de boda de la hija del jefe de gobierno español, Berlusconi podría estar interesado aún en adquirir un 10 por ciento más de Telecinco, sobre el que especula que tal vez se haya acordado ya un derecho de precompra. La situación legal del italiano en España, agrega el FTD, sigue estando en curso judicial. El presidente de la cadena, Alejandro Echevarría, confirmaba en días pasados la voluntad de los accionistas de salir a bolsa en el 2004.
Sogecable se adhirió ayer a la demanda judicial presentada este año en Estados Unidos por diversas cadenas de televisión de pago (la francesa Groupe Canal+, la norteamericana Echostar y la malasia Measat) contra la compañía británica de software para acceso condicional NDS, integrada en News Corporation, por la supuesta ruptura de los códigos de acceso de sus tarjetas inteligentes y la distribución de los mismos en Internet.
Estas actividades favorecieron el pirateo masivo de las citadas claves de acceso y, consiguientemente, causaron un grave perjuicio económico a diversas televisiones de pago en todo el mundo, especialmente a las radicadas en Francia, España e Italia.
Con esta actuación, Sogecable pretende defender y salvaguardar la inaceptable violación de los códigos de acceso de sus tarjetas inteligentes, unos hechos que provocaron una reciente y costosa operación de sustitución de las citadas tarjetas. La compañía española, propietaria de Canal+ y Canal Satélite Digital, utiliza la tecnología Mediaguard, el mismo sistema digital usado por Canal+ en Francia, Telepiú en Italia y otra serie de televisiones de pago en Europa, Asia y Estados Unidos.
La demanda presentada inicialmente por Groupe Canal+ ante el tribunal del distrito norte de California sostiene que NDS participó en una conspiración contra Canal+ con el fin de dañar su posición competitiva en el mercado de la televisión digital. La citada compañía alegó que NDS atacó ilegalmente el sistema de seguridad de Canal+ Technologies, no vulnerado hasta entonces, destinó una gran suma de capital y recursos para obtener el código de sus tarjetas y facilitó luego dichos códigos a una página web frecuentada por falsificadores. Canal+ Francia calculó entonces que las acciones de NDS le provocaron unas pérdidas superiores a los mil millones de dólares estadounidenses.
Sogecable se ha distinguido desde el inicio de sus actividades en España por su inequívoca lucha contra la piratería en todos sus ámbitos y destaca, como dato especialmente significativo, que la compañía tiene actualmente en marcha más de 70 diligencias judiciales contra este tipo de delitos. Precisamente el pasado 4 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia firme por la que condena a unos fabricantes de tarjetas piratas por un delito de descubrimiento y revelación de secreto de empresas. La sentencia reconoce que los vendedores y usuarios de este tipo de tarjetas podrían ser condenados por un delito de estafa informática y defraudación en las telecomunicaciones, lo que crea un claro precedente judicial en la lucha contra la piratería.
