El Gobierno quiere aplicar una nueva tasa a las televisiones privadas -en torno al 3% de sus ingresos anuales- para financiar la televisión pública. Este impuesto estaría dedicado a compensar la supresión total de la publicidad en TVE y se uniría al 5% que las cadenas comerciales están obligadas a destinar actualmente para financiar la producción de películas y telefilmes españoles y europeos
El primer paso hacia el nuevo modelo de financiación de la televisión pública lo dio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada, cuando anunció una reducción «drástica» de la publicidad en TVE. En algunos aspectos, ese nuevo modelo, se inspira en la fórmula que ha puesto en marcha en Francia Nicolas Sarkozy. Además de aplicar una nueva tasa a las cadenas privadas, este plan crea un impuesto (del 0,9% de los ingresos) a los operadores de telecomunicaciones, que suministran servicios audiovisuales, como televisión por Internet o a través de telefonía móvil.
A diferencia de lo que ocurre en Francia, el Gobierno descarta rotundamente la aplicación de un canon por tenencia de televisores, que en el país vecino ronda los 150 euros al año.
Para completar el presupuesto de RTVE, el Ejecutivo planea destinar un porcentaje de la tasa que los operadores (radio, televisión, telefonía) pagan al Estado por la utilización del espacio radioeléctrico. Por este concepto, el Estado ingresa alrededor de 400 millones de euros.
Con estas tres vías de financiación adicionales el Gobierno estaría en disposición de suprimir completamente la publicidad de TVE y compensar a la corporación RTVE de esa pérdida de ingresos sin incrementar las actuales subvenciones (555 millones). El modelo, diseñado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, está en manos del Ministerio de Economía, encargado de echar números para ajustar las cuentas.
Si este proceso no se demora, la publicidad podría desaparecer totalmente de TVE el próximo mes de julio. Antes, Fernández de la Vega quiere consensuar con el sector el plan de financiación de la televisión pública. Tanto los operadores como RTVE están a la espera de celebrar una reunión con la vicepresidenta.
Para compensar los ingresos procedentes de los anuncios (el presupuesto de 2009 prevé recaudar 477 millones por este concepto), el Gobierno maneja unas cuentas que, en principio, cuadran. Fernández de la Vega reiteró ayer en el Congreso que las fórmulas «alternativas» para financiar RTVE no gravarán a los ciudadanos ni a los presupuestos.
Para mantener la oferta de contenidos (dos canales generalistas de televisión y seis en TDT y cinco emisoras de radio) y el nivel de empleo (6.400 trabajadores), la corporación pública necesita un presupuesto de 1.100 millones de euros. La mitad seguiría siendo aportada por el Estado a través de los Presupuestos Generales (alrededor de 550 millones). A la hora de recaudar el resto, en torno a 250 millones procederían de la tasa sobre la ocupación del espacio radioléctrico, 190 serían aportados por las compañías de telecomunicaciones que, como Imagenio, ofrecen televisión (una cifra inferior al 1% de sus ingresos anuales) y unos 140 por las televisiones privadas (el 3% de sus ingresos).
Tanto los operadores de telecomunicaciones como los audiovisuales se beneficiarían de la supresión de la publicidad en TVE. Tocarían a más a la hora de repartir los 3.000 millones de euros que factura el sector publicitario en el medio televisivo. «Las privadas tendrán ingresos suplementarios», alegan fuentes próximas al Gobierno a la hora de justificar la cesión de una parte de sus ingresos a las arcas de la televisión estatal.
Las cadenas comerciales serían también compensadas mediante otra fórmula: la flexibilización de la obligación de invertir el 5% de sus ingresos anuales en producciones cinematográficas europeas y españolas. El plan del Gobierno es abrir la mano para que figuren también las series de televisión. Ésta es una vieja reivindicación de Uteca, el organismo que agrupa a las seis cadenas comerciales (Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo TV y Net TV).
La obligación de invertir el 5% en cine entró en vigor hace diez años y desde entonces, la televisión ha aportado 1.100 millones de euros a este sector, según los datos del Ministerio de Industria. A tenor de los últimos contabilizados por el departamento que dirige Miguel Sebastián, en 2007 invirtieron 153 millones, algunas incluso más de lo que les correspondía.
Pero la ley del 5% no afecta a todas las televisiones. Sólo están obligadas a financiar el cine español aquellas que emitan películas con fecha de producción inferior a siete años, requisitos que ese año cumplían Telecinco, TVE, Antena 3, Sogecable, Disney Channel y AXN.
Incorporar las series en el paquete del 5% es también una apuesta del PP. Una de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomuniciones, propone que las televisiones estatales o autonómicas deban invertir el 5% de sus ingresos anuales en la producción de largometrajes, cortometrajes, películas y series para televisión, documentales y productos de animación.
