El calendario para aprobar la ampliación de capital de Liberty se tensa en demasía.

Los acuerdos alcanzados en abril por el grupo Prisa con Telecinco y Telefónica, por los cuales el grupo con la gestión a cargo de Juan Luis Cebrián tendría el 18% de la cadena española de Berlusconi a cambio de ceder Cuatro, y vendería además el 22% del capital de la plataforma de televisión por satélite de pago, Digital+, a la operadora de telecomunicaciones y otro tanto a la propia Telecinco, afrontan su particular via crucis en la Comisión Nacional de Competencia. La institución presidida por Luis Berenguer Fuster, que vigila con creciente independencia los acuerdos de concentración empresarial por si dañan la libre competencia, ha decidido que el expediente unificado de las dos operaciones pasará a lo que se denomina Segunda Fase, por considerar, tras el informe preceptivo de los técnicos del organismo, que la concentración de intereses acordada por Prisa, Telefónica y Telecinco, aparentemente obstaculiza el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado nacional.

En esta segunda fase, en la cual Competencia tiene dos meses a partir del pasado 30 de junio, si no hay retrasos justificables, para resolver definitivamente sobre el expediente, se ha enviado un informe a las partes que pueden ser perjudicadas con el acuerdo de concentración para que hagan alegaciones. Finalizado el periodo de exposición de quejas y argumentos contrarios, al menos varios operadores de cable y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), integrada en el Consejo de Consumidores y Usuarios, que preceptivamente tiene derecho a personarse, han reclamado a Competencia que tome medidas para evitar que los acuerdos salgan adelante tal como se han planteado, según ha podido saber Capitalmadrid. Mediapro, en plena batalla judicial con Prisa por los derechos del fútbol, no ha querido desvelar su posición en este asunto.

La autorización de Competencia es una de las condiciones que deben cumplirse antes de que la estadounidense Liberty pueda entrar en el capital de Prisa. Aunque se da por hecho que el regulador no prohibirá la operación sí se presume que subordinará la autorización a relevantes modificaciones sobre lo estipulado.

Los consumidores, en línea con los temores expresados por los técnicos de Competencia, han expuesto a la institución que en el segmento de la televisión de pago, la operación de concentración podría suponer una desaparición de la competencia entre Telefónica (Movistar Imagenio) y Digital+, pasando ambas entidades a coordinar sus actuaciones en este mercado. Ello les permitiría conseguir una posición dominante con importantes efectos no sólo sobre otros oferentes en el segmento de la televisión del pago, sino también sobre los mercados de producción y comercialización de contenidos audiovisuales. Hasta ahora, se consideraba que Telefónica, debido a su poderío económico, era la única empresa que podría contrarrestar el dominio de Prisa en la televisión de pago.

En la televisión en abierto, también se han expresado en contra de la operación tal como está concebida, ya que actualmente entre Prisa y Telecinco tienen el 26,9% de la audiencia, según datos de junio de Kantar Media, cuando el 27% fue establecido como barrera infranqueable para poder realizar una fusión, y es previsible que TVE pierda audiencia en beneficio del resto debido a la falta de dinero para comprar programas de gran audiencia.

El hecho de que Telecinco se quedara como único gestor de la publicidad generaría un duopolio con Antena 3 (a la que Competencia acaba de abrir un expediente por abusos en la comercialización de espacios publicitarios), que incentivaría la fijación de precios. Al respecto, hay que destacar el hecho de que desde que RTVE eliminó los anuncios, el precio de estos se ha encarecido en casi un 20%. Los operadores de cable consideran que deben frenarse las claras ventajas para su competidor Telefónica de cara a la comercialización de paquetes de telefonía y televisión, y especialmente en la oferta de televisión por móvil, uno de los mercados a los que se augura un mayor futuro.

En vista de esta situación y los plazos a cumplir, es previsible que sea a finales de septiembre, cuando Economía adopte la resolución sobre los expedientes. En el caso de que el cepillado sea de calado (también se considera que Competencia no aceptará que los canales de TDT de pago que se liberan con la fusión de Cuatro y Telecinco sean alquilados a Digital+), la cotización de Prisa podría resentirse, tensionando la operación de canje prevista, que ya a las cotizaciones actuales debe modificarse si se quiere asegurar la aprobación de los accionistas de Liberty.

Según las cifras remitidas por la propia Prisa al regulador bursátil estadounidense (SEC), a los precios actuales del título español, 2,30 euros, y con un tipo de cambio de 1,30 dólares por euro, la acción de Liberty debería estar en torno a 8,90 dólares, un dólar menos de su cotización real, para que el canje se ajustara a las valoraciones pactadas. Como se ve a estos precios hay que modificar de nuevo la ecuación de canje al menos cerca de un 10% a favor de la estadounidense, según los parámetros presentados.

Mientras tanto, hoy vencía el plazo que la banca acreedora dio a Prisa para que capitalizara la compañía, sea con Liberty u otro, y a cambio reestructurar los casi 5.000 millones de deuda de la española. Todo apunta a que, al igual que en otras ocasiones, se dejará correr el tiempo, ya que es imposible que el primer grupo español de medios de comunicación cumpla con esos plazos. Sin embargo, fuentes consultadas por Capitalmadrid aseguran que no se protocolizará una nueva prórroga (waiver), ya que sólo serviría para que los gestores de Prisa se relajaran en las negociaciones para cumplir con los compromisos contraídos, según un banquero que trabaja en una de las principales entidades españolas acreedoras. No obstante, ayer Prisa enviaba un hecho relevante a la CNMV, en el que asegura que ha alcanzado un acuerdo con todos los bancos acreedores para extender hasta el 30 de noviembre el plazo de cumplimiento de las condiciones referentes a la ampliación de capital y la disposición de activos.

Para la banca, la fecha importante es la del 30 de septiembre ya que Prisa ha incumplido durante la prórroga todavía vigente ciertos pagos que iba a realizar con la liquidez obtenida por la desinversión de parte del capital en la portuguesa Media. Al frustrarse ésta por prohibir la operación las autoridades lusas de Competencia, han surgido nuevos problemas. «Si para el 30 de septiembre no cumple con los compromisos de pago y la capitalización prometida, las entidades españolas deberían incluir como mora la deuda, excepto que el Banco de España consintiera e hiciera una excepción a la norma«, alega la misma fuente.

Así las cosas, los directivos de Prisa tendrán pocas vacaciones este año. De momento, la cotización no termina de responder lo esperado, para eliminar el problema del canje, ya que la familia Polanco no quiere diluir su peso en el capital por debajo del 30%, algo a lo que previsiblemente se vería abocada si Prisa no sube en Bolsa. El hecho de que los fundadores de Liberty, Nicolas Berggruen y Martin Franklin, apoyen aparentemente sin fisuras el acuerdo con el grupo que encabeza Juan Luis Cebrián, no significa que la operación se vaya a realizar sí o sí. Hay otros accionistas, y con más del 30% de votos contrarios no se haría, y otros factores no controlables como son el comportamiento de la Bolsa y la autorización y burocracia de los reguladores que marcan un paso, que a veces no se puede seguir, y si la operación no se ha cerrado antes de mediados de diciembre, Prisa tendrá que plantearse un plan B.