La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) han pedido al Senado dar luz verde a un consejo audiovisual estatal, que entre otras cosas se encargue de asegurar la protección de los menores frente a los contenidos televisivos.
En su opinión, es la última oportunidad para proteger a los menores y dar así cumplimiento a uno de los objetivos del proyectado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que pese al compromiso del Gobierno no se ha llegado a constituir. Según ha declarado el presidente de ATR, Alejandro Perales, es preciso que este organismo no quede subsumido en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), tal como pretendía la enmienda de la Ley de Economía Sostenible presentada (y rechazada) hace días en el Congreso. Como dicen que faltan recursos, se podría utilizar la misma sede e incluso el pull de funcionarios que parecen sobrar en la CMT, pero se debe crear un órgano independiente, elegido por el Parlamento y no por el Gobierno, ha puntualizado Perales.
La CMT se ocupa de los precios de la telefonía y las comunicaciones, prosiguió, y este Consejo tendría que velar por los contenidos y el cumplimiento de los códigos deontológicos en los medios, ha señalado Perales. A su juicio, es posible que en tres o cuatro años terminen por fusionarse, pero es necesario que nazcan de forma independiente para que el control de los medios sea efectivo. Dado que el PP nunca ha querido la creación del CEMA y que los partidos nacionalistas (CiU y Esquerra) pretenden que nazca fusionado, el PSOE debería haber presentado una enmienda transaccional que habría permitido que este saliera adelante en el Congreso. Por ello pidió al Gobierno que en el Senado saque adelante su creación, tal como se comprometió a hacer.
Por su parte, ATR ha lamentado que en el año que acaba de terminar se han perdido dos ocasiones para poner orden en el ámbito de la protección a los menores frente a los contenidos más agresivos de las televisiones. La primera, explican, al no desarrollar el CEMA previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual; la segunda, añaden, cuando el Congreso rechazó sin debate la citada enmienda a la Ley de Economía Sostenible.
Para ATR, los partidos políticos han demostrado con ello una insensibilidad incomprensible con la obligación contraída por el Estado para evitar programas que según la directiva europea sean perjudiciales para el desarrollo físico y moral de los niños.
Funciones precisas
Entre otras competencias, el CEMA debería velar por que se respete el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia; establecer la calificación de programas según la edad de los usuarios; habilitar el sistema de advertencias acústicas y visuales con arreglo a esa clasificación; fijar mecanismos tecnológicos de control parental; exigir que se respeten las franjas de protección reforzada para los menores (de cinco a ocho de la tarde), e imponer las sanciones correspondientes.
La ATR aseguró comprender los recelos de algún partido político respecto de un consejo susceptible de rebasar sus atribuciones hasta injerirse en determinadas libertades. Sin embargo, ello no es incompatible con la conveniencia de facilitar el control a la emisión de productos audiovisuales a través de un medio que como la televisión deja indefensos a los niños, recalcó. Aquí no vale ese principio de quien no quiera que no la vea, pues solo es válido para un adulto, ni tampoco despachar el debate con la simpleza de que las televisiones no deben hacer de niñeras, destacó.
Por este motivo, la ATR animó a los partidos políticos a aprovechar la última posibilidad de desarrollar el Consejo Audiovisual, ahora que la Ley de economía sostenible se halla en el Senado.
