El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ha reconocido que el Gobierno comparte la «preocupación» de algunas asociaciones de usuarios con la proliferación de canales ilegales en la TDT, que emiten tarot o contenidos pornográficos, pero ha señalado que no tiene competencia para actuar contra los canales autonómicos o locales.

Así, durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en el Senado, preguntado por el senador «popular» José Antonio Rubio, ha indicado que el Ministerio de Industria actúa contra «los canales ilegales de ámbito estatal», pero que son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia para actuar contra las televisiones de ámbito autonómico o local. En este sentido, ha indicado que «en las comunidades autónomas hay de todo», ya que mientras que «algunas son más activas» con este tipo de problemas otras no, y «por desgracia hay veces que es más fácil –coordinarse para cerrar este tipo de canales ilegales– y otras menos».

Por su parte, el senador del Grupo Popular ha indicado que estos canales digitales son «doblemente ilegales», ya que «no están autorizados a emitir» y los contenidos que emiten están «vetados» por la Ley General de Comunicación Audiovisual en ciertos horarios, por lo que ha considerado su proliferación «alarmante».

Sobre la polémica generada por la posible emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana, Lorenzo ha indicado que es «un tema de acuerdo» entre la Comunidad Valenciana y Cataluña y el Gobierno no tiene «nada que ver». «Nosotros no estamos entorpeciendo nada, todo lo contrario», ha subrayado Lorenzo, quien ha recordado que «no es un problema espectral», ya que de los dos múltiplex que tiene asignado la Comunidad Valenciana, uno no lo está utilizando y otro usa las tres cuartas partes.

Por otro lado, preguntado por la senadora del PP María Carmen Riolobos sobre si el Gobierno ha autorizado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a emitir en las provincias de Guadalajara y Toledo en el canal 63 adjudicado a Telemadrid, el secretario de Estado ha indicado que actualmente ningún operador está autorizado a emitir en ese canal en esas provincias, tampoco Telemadrid, aunque ha señalado que efectivamente el Gobierno ha detectado, «dentro de las habituales labores de control técnico» emisiones con contenidos audiovisuales en ese canal.

La senadora del PP ha acusado al Gobierno de «censura previa», ya que, a su juicio, «por razones de interés político» se ha evitado que Telemadrid se pueda ver en Castilla-La Mancha. «Miles de consumidores se sienten perjudicados por lo que consideran una censura previa constitutiva de delito», ha enfatizado Riolobos, quien ha señalado que «desde el punto de vista político y social» es un escándalo que la cadena pública madrileña no pueda verse en Castilla-La Mancha.

En respuesta, Lorenzo ha informado de que el departamento que dirige ha transmitido la informaciones sobre las emisiones ilegales que ha detectado a la Junta de Castilla-La Mancha, que es quien tiene competencia sancionadora, para que tome las medidas que considere oportunas. Además, ha recordado a Riolobos que «en ningún momento se han detectados emisiones en el canal 66 que hayan producido interferencias a Telemadrid» y que «si lo que se persigue es que emisiones de televisiones de una comunidad puedan visualizarse en otras existe un cauce legal», que es la Ley Audiovisual, que abre la puerta a acuerdos entre comunidades en este sentido.

Respecto a la posible pérdida de cobertura de Teledeporte con el último cambio de frecuencias en el marco de la liberalización del dividendo digital, Lorenzo ha señalado que es TVE y no el Gobierno quien tiene que decidir «dónde pone cada canal», si en el multiplex que ya tenían, con más cobertura, o en el que se asignó a la cadena pública tras el «apagón analógico», con «una cobertura y antenización menor» a día de hoy.