El Gobierno, tres comunidades autónomas y cuatro operadores públicos han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegales las ayudas concedidas en el marco del «apagón analógico» para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a regiones remotas.

Así, fuentes del tribunal han confirmado a Europa Press, que el pasado 30 de agosto se presentó el recurso de anulación presentado por el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Galicia y Cataluña, así como sendos recursos presentados por los operadores públicos Itelazpi (País Vasco), Retegal (Galicia) y CTTI (Cataluña).

Posteriormente, el pasado 6 de septiembre, el tribunal ha recibido otro recurso de anulación de la empresa pública Navarra de Servicios y Tecnologías. La Comisión Europea había dado cuatro meses de plazo al Gobierno de España para recuperar las subvenciones que se concedieron a partir de 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el «apagón analógico». El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.

La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario. Bruselas reclama a España que recupere alrededor 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España a distintos operadores públicos y privados encargados de llevar la señal de la TDT hasta esas zonas.

La Comisión decidió que en los casos de las Comunidades Autónomas en las que una empresa pública que actuase en calidad de operador de red llevase a cabo la extensión de la cobertura de la red, tal empresa es considerada beneficiario directo y debe devolver la subvención, aunque si contrataran a un operador de red mediante una licitación, será ese operador privado el que tenga que devolver la ayuda. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios de las licitaciones, según el dictamen.

Aunque en la decisión no se detallan los beneficiarios últimos (los operadores de red que recibieron las ayudas), sí que se concreta las subvenciones que se concedieron por comunidades autónomas, encabezando el ránking Cataluña (52,3 millones de euros), Castilla y León (37,7 millones), Aragón (20 millones), Galicia (17 millones), Comunidad Valenciana (16,6 millones) y Andalucía (15 millones de euros).

Le siguen País Vasco (14,7 millones), Asturias (13,7 millones), Extremadura (10 millones), La Rioja (7,9 millones), Cantabria (7,7 millones), Navarra (6,9 millones), Canaria (5,8 millones), Madrid (3,6 millones), Baleares (3,2 millones), Murcia (2,7 millones), Melilla (256.000 euros) y Ceuta (155.786 euros).

A estas regiones abría que añadir Castilla-La Mancha, que Bruselas no incluye en su dictamen, ya que lo está estudiando a parte, porque además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.

Por la denuncia de un operador por satélite

La investigación de Bruselas se inició a raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite. El análisis puso de manifiesto que, en efecto, la medida financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre, mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español, ha dicho la Comisión en un comunicado.

Según señala Bruselas, el principal operador de la red terrestre es Abertis. Asimismo, hay una serie de operadores de telecomunicaciones locales que transportan las señales de TDT y suelen estar interconectados con la red nacional de Abertis. Muchos operadores locales que también recibieron fondos no deberán devolverlos porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas

El Gobierno tiene cuatro meses para devolver las subvenciones ilegales. La UE entiende que España discriminó al cable, satélite e Internet.

La Comisión Europea ha dado cuatro meses de plazo al Gobierno de España para que recupere 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales y que se concedieron en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el «apagón analógico». El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.

La decisión de la Comisión Europea se ha dado a conocer en su versión completa esta semana. En junio, ya declaró ilegales las ayudas por discriminar a otras tecnologías. En esa versión completa, Bruselas fija los plazos en los que el Gobierno tendrá que recuperar esas subvencionas, y cuantifica la cuantía de los fondos que se repartieron, aunque no especifica los operadores que recibieron las ayudas, ya que España no ha facilitado una información exhaustiva sobre los beneficiarios.

La decisión debe cumplirse en el plazo de cuatro meses, perdo dentro de dos, España debe presentar la lista de beneficiarios que hayan recibido ayuda en virtud del régimen y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda. En total, Bruselas reclama a España que recupere 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios directos de las licitaciones, según el dictamen.

La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.

Aunque en la decisión no se detallan los beneficiarios últimos, sí que se concreta las subvenciones que se concedieron por comunidades autónomas, encabezando el ránking Cataluña (52,3 millones de euros), Castilla y León (37,7 millones), Aragón (20 millones), Galicia (17 millones), Comunidad Valenciana (16,6 millones) y Andalucía (15 millones de euros). Le siguen País Vasco (14,7 millones), Asturias (13,7 millones), Extremadura (10 millones), La Rioja (7,9 millones), Cantabria (7,7 millones), Navarra (6,9 millones), Canaria (5,8 millones), Madrid (3,6 millones), Baleares (3,2 millones), Murcia (2,7 millones), Melilla (256.000 euros) y Ceuta (155.786 euros).

A estas regiones abría que añadir Castilla-La Mancha, que Bruselas no incluye en su dictamen, ya que lo está estudiando aparte, porque además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.

A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre el plan español. El Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español, ha dicho la Comisión en un comunicado.