Considera que el déficit presupuestario alegado por RTVM para hacer el ERE no atiende a criterios y se vulnera el principio de buena fe.
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) no ve acreditada la proporcionalidad entre el despido del 80% de la plantilla del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado hace un año, y la mala situación económica que el Ente alega que le llevó a realizar el ERE. En el escrito de la Fiscalía del TS en el que se analizan los recursos de casación interpuestos por CC.OO., UGT, CGT, y Telemadrid, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 9 de abril de 2013, que declaró no ajustado a derecho el ERE de Telemadrid, se declara la improcedencia de los motivos formalizados por los diferentes recurrentes. Uno de los motivos se encuentra en el recurso de casación interpuesto por el Ente Público RTVM.
La cadena denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pero la Fiscalía reconoce que a pesar de que es cierto que este artículo faculta a las empresas a aplicar ERE cuando concurran causas económicas negativas a la vista de los resultados de la empresa, la sentencia del TSJM señala que no ha quedado acreditado la proporcionalidad de la medida. Además, desestima el argumento de la cadena, que asegura que la situación económica negativa de la empresa ha quedado suficientemente acreditada. Como explicación destaca que a pesar de que nadie duda de que nos hallamos ante una situación de crisis generalizada, que igualmente alcanza al EPRTVE y a sus sociedades mercantiles, el reflejo que la misma hace del despido colectivo es desproporcionado. Así, insiste en que la sentencia del TSJM sí admite la disminución de medios económicos de la empresa, que el Fiscal también ha constatado, pero precisa que lo que no ha quedado acreditado es la proporcionalidad de la medida considerada en su conjunto y asevera que ninguno de los datos económicos aportados por la cadena justifica la disminución equivalente a prácticamente el 80 por ciento de la plantilla del ente.
Además, añade que aunque es verdad que hay una deuda que viene arrastrándose desde hace años, ésta no significa que debe ser abonada a su vencimiento, sino que puede ser refinanciada para vencimientos posteriores.
No se vulneró el principio de buena fe
La Fiscalía también declara improcedentes motivos alegados por los sindicatos. Destaca la negativa a aceptar las alegaciones de UGT, que niega que el déficit presupuestario señalado (por la cadena) obedezca a criterios económicos y sí a criterios políticos. Según expone la Fiscalía, la recurrente pretende que se acoja en el proceso de negociación colectiva que hubo vulneración del principio de buena fe, pero la Fiscalía también impugna el motivo y niega que se vulnere este principio.
En cuanto a los motivos alegados por Comisiones Obreras, el Fiscal niega que haya ocultaciones en cuanto a previsiones de aportaciones económicas extraordinarias a la cadena y niega las alegaciones referidas a la falta de publicidad de las cuentas de la cadena. Además, no acepta el motivo de CC.OO., que asegura que se ha infringido el deber de negociación y realización de periodo de consultas, al no haber definido unos criterios de selección del personal afectado por el ERE, y niega la existencia de fraude de ley.
Por último, sobre los motivos de CGT, desestima la idea de la falta de legitimación del grupo de empresas para instar un ERE y niega el abuso de derecho por parte de la empresa.
El Supremo deliberará el 26 de marzo sobre el ERE de Telemadrid
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo deliberará el próximo 26 de marzo sobre los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que acordó el pasado mayo declarar «improcedentes» las cuantías fijadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telemadrid, han informado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.
Los magistrados del Alto Tribunal deberán deliberar sobre la posible nulidad del ERE aprobado el 9 de enero de 2013. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya anunció hace meses que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el Ente Público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico.
