La televisión en abierto en España se prepara para sumar un nuevo actor en los próximos meses. El Gobierno avanza en los últimos pasos para adjudicar una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT), un proceso que marcará el futuro del panorama audiovisual y que podría materializarse antes de que finalice el año con el inicio de las emisiones.
Según informa EL ESPAÑOL-Invertia, el Ministerio de Transformación Digital tiene prácticamente lista la concesión de esta nueva frecuencia, con la previsión de que la adjudicación se resuelva entre abril y principios de mayo, en función de los tiempos administrativos. Este calendario permitiría que el adjudicatario disponga de un plazo de seis meses para poner en marcha el canal, lo que situaría su debut en el último trimestre de 2026.
El objetivo del Ejecutivo es que esta nueva cadena esté plenamente operativa en 2027, en un contexto marcado por la cercanía de las próximas elecciones generales. La estrategia pasaría por arrancar emisiones con una programación inicial reducida que se iría completando progresivamente hasta configurar una parrilla definitiva.
En el sector audiovisual, el principal favorito para hacerse con la licencia es el consorcio SIETE, vinculado a inversores afines al Gobierno y con presencia de accionistas relacionados con el grupo Prisa. Este proyecto estaría liderado por figuras como Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela, y contaría con el asesoramiento de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia y uno de los nombres clave en el desarrollo de laSexta.
Frente a esta candidatura también se encuentra Mediaset España, que aporta experiencia y músculo financiero, aunque parte con desventaja debido a su elevada presencia actual en la TDT, donde ya cuenta con múltiples frecuencias. Además, su propuesta estaría más orientada al entretenimiento, mientras que el Ejecutivo buscaría un canal con un enfoque informativo y de análisis.
La futura cadena tendría precisamente ese perfil: una apuesta centrada en la información y el infoentretenimiento, aunque con limitaciones presupuestarias que podrían traducirse en una programación basada en tertulias y programas de debate más que en grandes despliegues informativos. Incluso se habría valorado la posibilidad de recuperar la marca CNN, evocando la desaparecida CNN+, como sello de identidad informativa.
En paralelo, el proyecto ya trabaja en posibles acuerdos técnicos y comerciales. Entre ellos, la externalización de servicios de producción —con nombres como Mediapro sobre la mesa— y la gestión publicitaria, que podría recaer en empresas especializadas del sector. También se contempla el fichaje de rostros conocidos y comunicadores próximos al ámbito político de la izquierda, aunque estos movimientos dependerán de la concesión definitiva de la licencia.
Desde el punto de vista económico, la nueva cadena arrancaría con un presupuesto estimado de entre 20 y 25 millones de euros anuales, condicionado por la evolución del mercado publicitario. Las previsiones del sector apuntan a una recuperación en 2026 tras la caída registrada el año anterior, lo que facilitaría la viabilidad del proyecto en sus primeras fases.
Por último, el plan industrial incluiría el apoyo de Telefé, que aportaría en torno al 25% del capital y experiencia en el sector audiovisual, aunque el control seguiría en manos de inversores españoles, dado el carácter estratégico que el Gobierno otorga a la televisión en abierto.
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