El juez ordena la ejecución provisional de la sentencia que condenó a la empresa pública por la suspensión del contrato con la compañía. Arasti cree que el Gobierno deberá pagar.
El Juzgado de lo Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Santander ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia que dictó el pasado mes de diciembre y en la que se condenaba a la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) a abonar a SES Astra 3,5 millones de euros por la resolución unilateral por parte del Gobierno de Cantabria del contrato que éste había suscrito con la compañía para la implantación del sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Autónoma.
En un auto, el titular del Juzgado establece, además, el abono de otro millón de euros en concepto de los intereses que se puedan generar durante la fase de ejecución de la citada sentencia -que está recurrida por ambas partes ante la Audiencia Provincial de Cantabria -, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Para hacer efectivo el pago de estas cantidades, el Juzgado ha acordado el embargo de las dotaciones presupuestarias realizadas a favor de SES Astra por la Comunidad Autónoma de Cantabria, tal y como se detalla en el decreto de ejecución provisional del secretario judicial. Junto a ello, se ordena la devolución por parte de Sodercan del aval que SES Astra depositó en 2008 en cumplimiento de las bases del concurso público para la adjudicación del sistema de TDT en Cantabria. El magistrado accede de este modo a la demanda presentada por SES Astra interesando la ejecución provisional de la sentencia. El titular del Juzgado argumenta en su auto que la misma cumple los presupuestos y requisitos procesales exigidos. No obstante, abre la posibilidad a que Sodercan presente su oposición a esta ejecución provisional en un plazo de cinco días, en cuyo caso el juez deberá resolver sobre la misma.
Arasti lo ha achacado a la pésima gestión del PRC-PSOE
El Gobierno de Cantabria piensa que probablemente tendrá que pagar 3,5 millones de indemnización más los intereses (un millón) a ASTRA, por haber rescindido unilateralmente el contrato para la implantación de la TDT, y lo ha achacado a la pésima gestión del Ejecutivo anterior de PRC-PSOE. Según han informado fuentes de la Consejería de Industria, el Servicio Jurídico del Gobierno regional está valorando la sentencia, pero todo apunta a que tendrá que hacer frente al pago.
El consejero, Eduardo Arasti, lo ha achacado a la pésima gestión del Ejecutivo anterior que sacó a concurso de forma precipitada e innecesaria un servicio que pocos meses después del Gobierno de España ofreció de forma gratuita a todas las comunidades autónomas.
Todos los cántabros vamos a tener que pagar un dinero a cambio de nada, con un único responsable que es el anterior Gobierno del PRC-PSOE, que nos ha vuelto a pasar una nueva factura, consecuencia de su manifiesta incompetencia, ha agregado. Arasti lamenta que el importe de la sentencia, los intereses que va a generar y los gastos judiciales que acarrea pudieran muy bien haber sido destinados a múltiples asuntos a los que tiene que atender el actual Gobierno regional.