La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado un informe en el que cuestiona varios aspectos clave de la propuesta de LaLiga para comercializar los derechos audiovisuales de Primera División entre 2027 y 2032. El regulador considera que algunas condiciones planteadas no se ajustan al Real Decreto-ley 5/2015, norma que regula la venta conjunta, y advierte de que el procedimiento incorpora obligaciones y facultades que exceden las competencias que la ley otorga a la patronal del fútbol profesional.
Competencia analiza la estructura de los numerosos lotes que LaLiga pone en oferta, con diferentes niveles de exclusividad, repartos de partidos por jornada y límites para encuentros de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque estos modelos buscan maximizar el valor comercial, la CNMC alerta del riesgo de que la configuración de opciones favorezca la concentración de la mayoría de derechos en un único operador, algo que la normativa prohíbe de manera expresa. El organismo recomienda ajustar esta segmentación para asegurar competencia real y una adjudicación más equilibrada.
La CNMC cuestiona la atribución de derechos que no corresponden a LaLiga
La CNMC dedica un apartado específico a criticar que LaLiga se atribuya la condición de productora de los contenidos audiovisuales del campeonato, algo que, según el regulador, no está contemplado en el Real Decreto-ley 5/2015. La norma autoriza a la LNFP únicamente a comercializar de manera conjunta los contenidos que se generan estrictamente en el terreno de juego y durante el tiempo del partido, pero no le concede la propiedad intelectual ni la titularidad general sobre las imágenes, que siguen correspondiendo a clubes y operadores según los casos.
El informe advierte de que la documentación de la licitación puede inducir a pensar que LaLiga posee una capacidad de control sobre imágenes, materiales adicionales y recursos audiovisuales que no entran en el ámbito legal de la venta conjunta. Esto resulta especialmente problemático cuando la oferta incluye obligaciones para los adjudicatarios que implican ceder licencias amplias o entregar determinados contenidos producidos por ellos mismos, excediendo así la facultad de mera comercialización reconocida por la ley.
Competencia recomienda ajustar la redacción para evitar confusiones y recuerda que la LNFP debe limitarse estrictamente a lo que el Real Decreto-ley establece. Cualquier ampliación implícita o explícita de ese perímetro —como presentarse como productora o gestionar derechos que no controla— podría alterar el equilibrio previsto por la normativa y generar inseguridad jurídica en el mercado audiovisual, por lo que considera imprescindible corregir estos aspectos antes de la adjudicación definitiva.
Obligaciones de colaboración consideradas desproporcionadas
Otro punto que la CNMC considera conflictivo es el conjunto de obligaciones de información y cooperación impuestas a los futuros adjudicatarios. El regulador señala que exigir datos extremadamente detallados de audiencias, métricas de abonados o registros por código postal puede resultar excesivo y no justificarse plenamente por la finalidad del proceso. También muestra reservas sobre las obligaciones relacionadas con la lucha contra la piratería, que incluyen participar en plataformas conjuntas, promover iniciativas normativas o coordinar estrategias con LaLiga, elementos que podrían sobrepasar lo necesario para la protección de los contenidos.
Advertencias sobre el sistema de valoración y los requisitos técnicos
El informe también revisa el sistema que permite aumentar hasta un 10% la valoración económica de una oferta si el operador acredita ciertos requisitos técnicos y de distribución. Competencia indica que esta ponderación debe aplicarse con máxima transparencia para evitar ventajas competitivas injustificadas y pide aclarar cómo se medirán estos criterios y cómo se evaluará la solvencia de empresas que concurran en UTE. El organismo subraya que cualquier elemento que pueda inducir a discriminación o falta de claridad debe ser corregido antes de la adjudicación.
La CNMC insiste en que el procedimiento de LaLiga debe ser plenamente transparente, no discriminatorio y conforme con la normativa vigente. El regulador alerta de que ambigüedades en la documentación, exigencias injustificadas o ampliaciones de facultades no previstas en la ley pueden afectar negativamente al funcionamiento del mercado audiovisual y al equilibrio que debe regir el sistema de venta conjunta.
Conclusiones: correcciones necesarias antes de la adjudicación
El informe concluye que LaLiga debe ajustar varios elementos esenciales de su oferta y limitar su actuación a las facultades contempladas por el Real Decreto-ley 5/2015. Aunque no entra a valorar precios ni estrategias comerciales, la CNMC recuerda que puede actuar posteriormente si detecta prácticas contrarias a la ley de competencia. La incorporación de estas recomendaciones será fundamental para garantizar que la próxima gran licitación del fútbol español se desarrolle dentro de un marco de equilibrio, claridad y seguridad jurídica.
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La Liga pasandose de lista con los paquetes que novedad.
Pretendiendo seguir engañando a operadores y aficionados.