Por fin, alguien ha decidido poner coto al desatino. La primera instrucción que recibió Joan David Grimá, apenas el SCH se hizo con el control de Auna, fue la puesta en venta de Quiero TV, un juguete que pierde 30.000 millones al año y cuyas expectativas de rentabilidad son tan escasas como su número de abonados. El pasado viernes, la junta general de Quiero TV aprobó una nueva ampliación de capital de 192 millones de euros (unos 32.000 millones de pesetas) con el único fin de evitar la quiebra.
Emilio Botín, que decidió comprar a finales del pasado año el paquete de Telecom Italia en Auna (Retevisión, Amena, Quiero TV, Auna Cable,…), ha colocado como primer ejecutivo de la compañía al cirujano Grimá (que echó los dientes en McKinsey y fue fichado por Amusátegui para poner orden en la fusión del Hispano y el Central va a hacer ahora 10 años). Su misión es reducir de forma drástica las pérdidas del grupo para, en el futuro, lograr que los 300.000 millones que ha invertido ya el banco se dupliquen, bien sea por la venta de su paquete a un inversor del sector de las telecomunicaciones o bien sea porque las condiciones permitan su salida a Bolsa. La sustitución de Miguel Iraburu (un gestor que ha propiciado la reordenación del grupo) por Grimá (un financiero que es responsable de las participadas del SCH) despeja cualquier duda al respecto de cuál será el horizonte de Auna.
Vender Quiero TV supone poner encima de la mesa 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas). Es decir, que sus dueños tienen que pagar esa cantidad al comprador que se atreva a quedarse con esa pequeña pero voraz empresa. La venta de Quiero TV, que debe producirse en las próximas semanas, va a ser utilizada para reordenar el ruinoso negocio de la televisión digital de pago, y, de paso, todo el sector de los medios de comunicación. La experiencia en Europa ha demostrado que sólo hay sitio para un operador, algo que muchos ya sabían cuando comenzó la guerra digital a finales de 1996.
Vía Digital perdió el pasado año nada más y nada menos que 541 millones de euros (90.000 millones de pesetas). Su competidor directo, Canal Satélite Digital pierde mucho menos, pero sus elevadas deudas hacen casi imposible la consecución del equilibrio y lastran la cuenta de resultados de Sogecable, a pesar de los buenos resultados que sigue cosechando Canal Plus.
La fusión de las plataformas digitales, algo que ya intentaron Jesús Polanco y Juan Villalonga con el Pacto de Valdemorillo en julio de 1998, sigue encontrando la hostilidad del Gobierno.El dueño del Grupo Prisa ha posicionado a todos sus medios de forma abierta contra Aznar y el PP. Dejar en sus manos los casi tres millones de cajitas o descodificadores que hoy suman las tres televisiones digitales, o lo que es lo mismo, cederle el monopolio de la TV de pago, supondría no sólo una torpeza política, sino algo difícilmente justificable desde el punto de vista de la libre competencia.
Es verdad que el Gobierno ya no es tan beligerante como lo fue en época de Francisco Alvarez Cascos, pero eso no significa que vea con buenos ojos una solución al desastre digital que pase por rendirse incondicionalmente ante las apetencias de Polanco.
Lo que parece claro es que Telefónica ya no está dispuesta a seguir poniendo los muertos de una guerra en la que nadie puede ganar a corto plazo. Sus accionistas, sobre todo los fondos de inversión extranjeros, no entienden por qué Telefónica sigue manteniendo una inversión tan ruinosa como poco estratégica para sus intereses como operadora de telecomunicaciones.
Uno de los cometidos prioritarios encomendados por César Alierta a Luis Abril, que cuenta con plenos poderes al frente de Admira (el grupo de medios de Telefónica), es resolver el problema de Vía Digital. Una de las opciones que baraja Telefónica, si logra cortar esa sangría de pérdidas, es la de ampliar su radio de acción a la prensa escrita, en la que sólo tiene presencia indirecta a través del 5% de Pearson (Financial Times, The Economist y Recoletos, que a su vez participa en EL MUNDO).
La compra de Prensa Española por parte del Grupo Correo, parece dejar expedito el camino para la consolidación en España de tres grupos mediáticos de gran tamaño. Lo que ha quedado meridianamente claro tras las últimas semanas es que una parte del Gobierno quiere que el tercero de esos grupos esté pilotado directamente por Telefónica. Ese carácter de protagonista y no de mero fiduciario que asume Telefónica es el elemento fundamental para entender la solución al desastre digital y, lo que es más importante, para dar sentido a los previsibles movimientos en el mundo de los medios de comunicación.
La fusión de Vía Digital con Canal Satélite Digital es ahora, para Telefónica, lo más razonable. Sin embargo, el factor Polanco, hace muy difícil esa solución, a no ser que el dueño de Prisa venda su participación a Vivendi, opción que gana peso a medida que pasan los días. Las guerras siempre desgastan a los dos bandos. Aunque en ésta los costes están desequilibrados.
El establecimiento de una sola televisión digital (previamente a la fusión de Vía Digital y Canal Satélite, Admira se habría hecho con el control de Quiero TV), permitiría la renegociación de los onerosos contratos con las grandes distribuidoras norteamericanas, lo que abarataría los costes y haría más fácil su amortización.
El otro gran escollo para poner en números negros la cuenta de resultados de la televisión digital es la renegociación de los contratos con los equipos de fútbol para la retransmisión de los partidos en pago por visión. La dueña de esos derechos, Audiovisual Sport (participada por Telefónica, Sogecable y TV3 de Cataluña), paga cada año 270 millones de euros (45.000 millones de pesetas) a los clubes de fútbol, lo que ha permitido a la Liga española convertirse en la mejor y también en la más cara del mundo.
Audiovisual Sport pierde cada año unos 80 millones de euros (más de 13.000 millones) y acumula unas deudas de 480 millones de euros (casi 80.000 millones de pesetas). El contrato vigente en estos momentos expira en 2003. Por lo tanto, el año que viene habrá que negociar un nuevo contrato que, según lo estipulado, abarcaría las tres temporadas siguientes.
Un partido en pago por visión cuesta una media de 700 millones de pesetas a las televisiones digitales, cifra que sólo se cubre en los grandes partidos de Liga.
La renegociación del actual contrato no sólo puede ser un hecho por la necesidad que tienen las televisiones digitales de reducir sus costes, sino porque la Unión Europea puede dictar próximamente una resolución que obligue a romper el monopolio que ostenta en la actualidad Audiovisual Sport. Sin el dinero que ahora reciben por la venta de sus derechos a las televisiones digitales, algunos equipos de primera división estarían lisa y llanamente en quiebra.
El panorama que se ha vivido en los últimos años, con una situación económica boyante, una bolsa en alza y unos ingresos publicitarios crecientes, ha permitido a Telefónica y al Grupo Prisa aplazar la solución del problema. Pero ahora ya no pueden aguantar más.
El nuevo escenario, mucho más complicado desde el punto de vista económico, y la estabilidad política (todo el mundo apuesta por la victoria del PP con mayoría suficiente para gobernar en 2004), pueden favorecer nuevas concentraciones y el fin de la guerra digital.
La cuestión es si la paz con Polanco se hará a costa de silenciar a los medios que no renuncian a luchar para lograr el liderazgo. La reorganización del panorama mediático, así como el rol de primer actor que juega Telefónica en esa reordenación, tienen y tendrán mucho que ver con otra guerra, la de sucesión.
Sólo hay que ver quién está jugando más fuerte la partida de los medios para saber quién pretende sustituir a Aznar a toda costa.