El Gobierno ha decidido regular los criterios generales de financiación de las televisiones autonómicas en línea con las pautas ya previstas para TVE, aprovechando la futura Ley General Audiovisual.
El Ejecutivo socialista quiere extender parte del modelo de funcionamiento y financiación que ha diseñado para RTVE al resto de medios de comunicación públicos, en especial las televisiones autonómicas y locales. Una decisión que, casi con toda seguridad, encontrará la oposición de buena parte de los gobiernos regionales y de los partidos nacionalistas.
El anteproyecto de la Ley general audiovisual, debatido el pasado viernes en Consejo de Ministros y al que tuvo acceso CincoDías, dedica su Título IV a los medios públicos. En él, les obliga a recoger por norma los objetivos generales de la función de servicio público que presten para un periodo de nueve años, algo similar al mandato-marco aprobado para RTVE. Esta norma deberá identificar de manera expresa los contenidos de servicio público y concretar los porcentajes que se emitirán por géneros de programación.
Contabilidad analítica
En materia de financiación, la norma que prevé comunidades autónomas y ayuntamientos fijen el modelo que consideren oportuno pero deja claro que el dinero público no podrá sostener actividades o contenidos distintos a los que tienen carácter de servicio público. Para ello, los medios tendrán que determinar el coste neto de este servicio para calcular qué compensación pública podrán recibir y cuánto tendrán que devolver en caso de que sea excesiva.
Como sucede en RTVE, para poder calcular el coste tendrán que implantar un sistema de contabilidad analítica que separe los costes e ingresos derivados de la actividad de servicio público de los procedentes de contenidos comerciales y otras actividades. La financiación pública indebidamente asignada tendrá que devolverse o se descontará de la partida del ejercicio siguiente.
Los medios públicos podrán mantener una reserva de hasta el 10% de su presupuesto anual que tendrá que ser utilizada en un plazo máximo de cuatro años. De no hacerlo, se descontará de la subvención pública prevista para el cuarto año. Este esquema es parecido al del fondo de reserva previsto en el nuevo modelo de financiación de RTVE. Al igual que la corporación estatal, las televisiones autonómicas deberán destinar un 6% de sus ingresos anuales a financiar cine y series de televisión europeos.
El Gobierno también introduce ciertas limitaciones para evitar casos de competencia desleal a la hora de comprar contenidos, tal y como han denunciado en distintas ocasiones los operadores privados. Así, las televisiones autonómicas y locales no podrán incluir precios por debajo de mercado en su oferta comercial ni utilizar con regularidad las subvenciones públicas para sobrepujar con las privadas por los derechos de contenidos de gran valor en el mercado audiovisual. A estos efectos, se tomarán como referencia los precios medios de los competidores, las cuotas de audiencia y la coherencia en la fijación de precios.
El Consejo Audiovisual y la tasa radioeléctrica
El anteproyecto de la Ley general audiovisual prevé que el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) se financie, además de con presupuestos procedentes del Ministerio de la Presidencia, con las tasas que cobre por sus actividades y con el 10% de la tasa radioeléctrica. Un 80% de esta tasa (que en total asciende a unos 410 millones de euros) ya está previsto que se destine a financiar a RTVE.
Los nueve miembros del Consejo elaborarán el catálogo bienal de eventos de interés general que se tendrán que emitir en abierto, que puede incluir Juegos Olímpicos, partidos de la selección española de fútbol y baloncesto y un partido de fútbol de Primera por jornada, entre otros. El CEMA también podrá imponer sanciones, que van desde la retirada de licencia a multas de entre 50.000 euros y un millón.
