Los presupuestos de los 13 grupos públicos de radiotelevisión autonómicos superan los 1.860 millones para este año, lo que equivale al 1,13% del dinero del que disponen los Gobiernos de sus comunidades. Las corporaciones defienden su papel como prestadores de un servicio público y generadores de riqueza..

Las cifras hablan por sí solas de la dimensión que tienen en España los grupos de radiotelevisión de las comunidades autónomas: 13 corporaciones en sendas regiones (no tienen radiotelevisión propia Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra), que dan empleo a unos 10.000 trabajadores, que cuentan con unos presupuestos de explotación e inversión para este año que rondarán los 1.862 millones de euros y que, en la actualidad, cuentan con unas cifras de deuda aproximadas de 1.480,6 millones.

Según los datos en poder de Uteca (la asociación que agrupa a las grandes televisiones privadas), el presupuesto que manejan las televisiones autonómicas equivale al 1,13% del que disponen las comunidades en las que operan. Un porcentaje que en casos como el de Baleares o el País Vasco llega al 3,48% y al 1,83%, respectivamente.

El último estudio sectorial elaborado por Deloitte para Uteca, con datos de 2008, concluye que el coste neto anual por hogar más alto de los canales regionales lo tiene, con 140 euros, la EiTB vasca (cuyos responsables no contestaron a las preguntas planteadas por este periódico). El más bajo, la televisión aragonesa, con 6 euros. Según datos de las propias cadenas, Canal Sur le cuesta a cada andaluz 20 euros al año; la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), 50 euros a cada catalán; y Telemadrid, unos 15,5 euros por madrileño.

Estas cifras (en revisión, ya que la mayoría de las cadenas están ajustando a la baja sus presupuestos), el actual contexto de crisis, la nueva financiación de RTVE y la implantación definitiva de la TDT han reavivado el debate sobre cuál debe ser el futuro de las teles autonómicas.

Revisar el modelo

El secretario general de Uteca, Jorge del Corral, lo tiene claro: no tiene sentido mantener un modelo dual de televisiones públicas en España. Las televisiones públicas autonómicas y locales deben tener todas el modelo de TVE (financiación sin publicidad) para evitar que compitan deslealmente con las privadas. Desde la Forta (la federación que agrupa a las cadenas autonómicas, salvo la extremeña), su secretario general, Enrique Laucirica, discrepa. Los cambios en RTVE han sido un error, porque ahora su modelo de financiación no está claro. El nuestro, con una doble vía de ingresos presupuestos públicos y publicidad es más sostenible, afirma.

El presidente del consejo de gobierno de la CCMA, Enric Marín, recuerda que la normativa catalana ya prevé unos límites publicitarios para el grupo público muy por debajo de los que tienen los operadores privados, garantizando así el futuro de unos medios públicos de calidad que no dificulten la viabilidad de los comerciales.

Para el director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Pablo Carrasco, el sistema de RTVE no es extrapolable a las televisiones autonómicas. Las autonomías no pueden implantar tasas por el uso del espacio radioeléctrico, los ingresos de los operadores de telecomunicaciones o los de las cadenas en abierto o de pago de ámbito estatal. No está dentro de sus competencias. Y hasta la fecha, el modelo de financiación mixta se ha mostrado adecuado, manifiesta. Desde la RTVV valenciana reconocen que la supresión de la publicidad como en el caso de TVE sería un golpe muy duro para la financiación de las autonómicas, si bien apuntan que se trata de una decisión que no le corresponde tomar al ente público sino a los políticos en el poder.

En cualquier caso, los responsables de las autonómicas son conscientes de que, en estos momentos, tienen que hacer un mayor esfuerzo en la contención de costes (sus gastos de explotación por punto de audiencia son hasta tres veces superiores que los de las privadas, según Deloitte). Es obvio que las televisiones públicas deben gestionarse con eficiencia, contando con presupuestos adecuados al servicio que tienen que prestar y siendo coherentes con esos presupuestos, precisa Carrasco.

En general, nadie (ni Uteca) pone en duda la existencia de las radiotelevisiones regionales. Sus gestores justifican el papel que tienen como prestadores de servicio público y generadores de riqueza. Canal Sur presta un servicio público que supone acabar devolviendo a la economía, en forma de rentas salariales, compra de bienes y servicios a otras empresas e inversiones, el 150% de la financiación publica que recibe cada año, argumenta Pablo Carrasco.

Para Marín, Televisió de Catalunya ha sido clave para la cohesión de la sociedad catalana, para la normalización del catalán y de la cultura catalana, para la dinamización de la economía y la creación de empleos a partir del impulso y fortalecimiento de una industria cinematográfica propia y un potente sector audiovisual que desde Cataluña se ha proyectado a toda España y al mundo.

Uteca, sin embargo, insiste en la deslealtad con la que compiten las autonómicas, que cuentan con dinero público para sobrepujar en la compra de derechos deportivos o de grandes estrenos de cine, y que ven en muchas ocasiones como sus abultados niveles de deuda son asumidos por las comunidades autónomas o sus pérdidas compensadas con créditos extraordinarios. En el caso del cine, las privadas quieren que los canales públicos no puedan emitir películas estadounidenses de estreno. La obligación de una televisión pública no es financiar el sector cinematográfico de otro país, asevera Del Corral.

En todo caso, si algo preocupa a las televisiones comerciales es la lucha por el reparto de la tarta publicitaria. Un pastel que, debido a la crisis, se redujo un 22,9% en 2009, hasta los 2.299 millones de euros, según el último informe de Infoadex. Del total de inversiones publicitarias en el medio, las autonómicas pudieron captar un 10,3% (237,7 millones de euros).

Las televisiones privadas acusan a las regionales de haber iniciado una batalla de precios a la baja para lograr más anunciantes, aprovechando el vacío dejado por TVE. Una batalla dura, sobre todo cuando la audiencia de las autonómicas ha caído a mínimos históricos, tras registrar un share medio del 11%. Antes tenían unos precios similares a las privadas, explica Jorge del Corral. Sin embargo, la nueva política les ha permitido captar hasta el 10% de la publicidad liberada por TVE. Es otra indecencia, apostilla el secretario general de Uteca.

Enrique Laucirica afirma, sin embargo, que la Forta ha incrementado sus precios un 60% en la publicidad que comercializa de manera conjunta. Agrega que, si son capaces de lograr más anunciantes, es porque son las cadenas con menos saturación publicitaria y que, además, son capaces de atender a pequeñas y medianas empresas de ámbito regional. Desde Cataluña, Enric Marín aclara que, al tener TV3 menos minutos de publicidad por ley, puede mantener unos precios competitivos por encima del resto de las cadenas, antes y después de la crisis.

La cifra

1.480 millones de euros es la deuda acumulada y reconocida en la actualidad por los 13 grupos autonómicos de radiotelevisión.

La posibilidad de la privatización, una decisión en manos de los políticos

El pasado 17 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a poner sobre la mesa uno de los puntos defendidos por el PP madrileño en los últimos años: la posibilidad de privatizar Telemadrid. Un falso debate, a juicio de los principales actores del sector, ya que la normativa actual impide tomar una decisión así.

En primer lugar, porque la Ley del Tercer Canal, aprobada por el PSOE en 1983, prevé que los canales autonómicos concedidos bajo su amparo sean gestionados por una sociedad anónima pública, que no podrá transferir la gestión a terceros bajo ninguna forma, total o parcialmente. En segundo lugar, porque la reciente Ley General Audiovisual, obliga a las autonómicas a mantener su actividad de acuerdo con el régimen previsto en el momento de su concesión.

Si de verdad quisiera Aguirre, que tome ejemplo de Ruiz-Gallardón, que ha cerrado la televisión municipal, y cierre Telemadrid, distribuyendo a los trabajadores en otras áreas de la comunidad. ¿Por qué no lo hace?, se pregunta Jorge del Corral, desde Uteca. Desde la Radiotelevisión Valenciana subrayan que cualquier cambio en este sentido dependería del Gobierno de la nación y no de los autonómicos.

Para el director general de la andaluza RTVA, Pablo Carrasco, una privatización de las autonómicas no sería deseable. Ofrecen un servicio público que ninguna televisión privada va a reemplazar, añade. Una idea que también defiende el presidente de la catalana CCMA, Enric Marín. Sin TV3 y Catalunya Ràdio no se visibilizaría una realidad social, una cultura, una lengua, una sociedad plural, una economía potente y un sector audiovisual y publicitario de gran importancia …. Un debilitamiento de los medios públicos catalanes tendría graves repercusiones sobre la sociedad y la economía catalana, advierte.