La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda con urgencia la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) para evitar el pago ilegal de 150 millones de euros, según un comunicado enviado por Redtel.

Tras conocer la petición formulada por la Comisión Europea (CE) a España de suspender esta tasa por considerarla ilegal, la patronal que representa a las principales empresas de telecomunicaciones que operan en España como Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, pide al Supremo que ordene la suspensión cautelar del pago antes del 6 de octubre, fecha de abono de la primera tasa, por ser incompatible con la normativa comunitaria. De lo contrario, se llegaría al absurdo y la injusticia de que Bruselas nos da la razón pero, mientras, las empresas tienen que realizar pagos por más de 150 millones de euros. Es decir, que el daño financiero y el impacto negativo sobre la inversión a corto plazo se producirían igualmente y sería irreversible, explica Redtel.

La patronal del sector de las telecomunicaciones recuerda que la publicación precipitada el pasado mes de agosto de la Ley de Financiación de la Corporación RTVE, además de aumentar las incongruencias y las imprecisiones de esta iniciativa, incluyó el mecanismo de autoliquidación para garantizarse el ingreso de más de 150 millones de euros. Redtel considera que el Gobierno hizo caso omiso a las dudas planteadas por la CE sobre la legalidad de esta exacción y, que si se hubiese optado por el método de liquidación habitual de las tasas, los operadores podrían haber continuado su defensa en tribunales de manera normal.

La patronal considera que la autoliquidación los deja en una situación de indefensión que sólo puede ser paliada por la suspensión de la medida por parte del Tribunal Supremo de manera urgente. Además, Redtel denuncia la incoherencia del Ejecutivo y recuerda que, a principios de septiembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones reclamaba más inversión por parte de los operadores y hace solo unos días la CE proponía un paquete de medidas para impulsar la inversión en redes de telecomunicaciones.

Redtel mantiene que los artífices del nuevo mecanismo de financiación de TVE sólo piensan en cómo extraer cuanto antes más dinero de los operadores, sin pararse a reflexionar sobre la legalidad de esta iniciativa, ni en sus consecuencias.

La Comisión Europea urge a España a modificar la financiación de RTVE

La Comisión Europea (CE) ha dado el último aviso a España para que suprima la tasa que impone a los operadores dentro del nuevo sistema de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), al considerar que no se ajusta a las normas comunitarias sobre telecomunicaciones. Bruselas ha enviado a las autoridades españolas un dictamen motivado, que es el último paso en los procedimientos de infracción comunitarios antes de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, según ha anuciado la CE en un comunicado.

Ese nuevo modelo de financiación de RTVE, aprobado por el Consejo de Ministros en julio pasado, impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos para sufragar los costes de la cadena pública después de que ésta dejara de emitir publicidad. La Comisión también ha enviado un dictamen motivado a Francia por imponer igualmente impuestos a los operadores de telecomunicaciones.

Francia y España disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE sobre las telecomunicaciones y, si no lo hacen, la CE podría llevar a estos países ante la Corte con sede en Luxemburgo. Tanto en el caso de España como en el de Francia, el Ejecutivo comunitario ha considerado que los impuestos sobre las telecomunicaciones son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones.

Esa legislación comunitaria estipula que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones. La normativa señala que se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y reglamentarios -principalmente las autorizaciones y las funciones de reglamentación-, y que las tasas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También indica que las partes interesadas deben ser consultadas adecuadamente sobre cualquier modificación de las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones. La Comisión ha recordado que, según la nueva ley de financiación de RTVE, un número limitado de operadores quedó eximido de pagar dicha tasa, que se basa en la cobertura geográfica y el tipo de servicios de telecomunicaciones prestados. Según sus cálculos, ese impuesto generará unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.

El pasado 20 de julio, la Comisión ya decidió que los nuevos regímenes de financiación de los entes públicos de radio y televisión de Francia y España, France Télévisions y RTVE respectivamente, eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales de la UE. Entre otros motivos, porque no daban lugar a distorsiones desproporcionadas de la competencia entre los organismos de radiodifusión públicos y privados al no existir ninguna sobre compensación de los costes de sus funciones de servicio público, apuntó la CE.

No obstante, Bruselas destacó que estas decisiones en materia de ayudas estatales se supeditaban a la compatibilidad de las tasas impuestas a las empresas de telecomunicaciones con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, en especial con la llamada directiva de autorización.