El Consejo de Administración del Ente Público de Comunicación de la Radio Televisión del Principado de Asturias (EPCPA), reunido esta tarde con carácter de urgencia y en sesión extraordinaria, ha decidido por unanimidad facultar al Director General del Ente para que inicie acciones legales de tipo contencioso-administrativo y, en su caso, penal contra el Gobierno del Principado de Asturias que supongan también la suspensión cautelar del impago del presupuesto de RTPA que queda por transferir hasta finales del presente ejercicio.

Esta decisión llega tras el anuncio expresado, en rueda de prensa el pasado 4 de octubre, por el presidente del Ejecutivo, Francisco Álvarez-Cascos de cancelar el pago de 11,3 millones de euros de las transferencias nominativas con las que se financia, anualmente, el ente público asturiano, aprobadas e incluidas en los Presupuestos Generales de Asturias para 2011. Esta decisión, refrendada y agravada por las declaraciones, también en rueda de prensa de 5 de Octubre, del consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, aboca a la paralización de la actividad de la televisión, la radio y el periódico digital en las próximas semanas (Del Riego fue aún más preciso y aseguró que el Principado no realizará más transferencias a RTPA en lo que resta de 2011, lo que imposibilita a cualquier pago, incluidas las nóminas del personal y el cumplimiento de las obligaciones para los proveedores)

En esta tesitura el Presidente del Consejo de Administración entregará el viernes 7 de octubre al Secretariado del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en presencia de un notario, un requerimiento para que:

1.Sea notificado al EPCPA el acuerdo del Consejo de Gobierno del 4 de octubre de 2011, del que se tiene conocimiento exclusivamente a través de los medios de comunicación.

2.Aclare si dicho acuerdo supone la definitiva cancelación del crédito reconocido a favor del Ente y de las Sociedades por la Ley de Presupuestos de 2011, autorizado, dispuesto y pendiente tan solo de transferencia por doceavas partes mensuales.

3.Complete la transferencia de la doceava parte correspondiente del mes de agosto.

4.Efectúe la transferencia pendiente de la doceava parte correspondiente al mes de septiembre.

Consecuentemente, el Consejo de Administración de RTPA quiere, a través de este comunicado, denunciar públicamente la brutalidad de una decisión de estas características inédita en democracia y mostrar su apoyo inquebrantable a la continuidad de la radiotelevisión pública asturiana, destacando su condición de servicio público reconocido por ley, y enviar un mensaje de tranquilidad, confianza y aliento a los 668 trabajadores que, de forma directa o indirecta, hacen posible cada día este servicio público, que es de y para todos los asturianos y asturianas.

La RTPA ha recibido numerosos reconocimientos, tanto dentro como fuera de Asturias, por su labor informativa, cultural e identitaria y se ha convertido, en sus poco más de cinco años de existencia, en un instrumento dinamizador de un sector emergente y de futuro: el audiovisual.

Los consejeros de este órgano han decidido trasladar a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado a que tomen las medidas necesarias para exigir al Gobierno, por los cauces parlamentarios oportunos, que el plan de recorte anunciado por Álvarez-Cascos se someta a revisión parlamentaria y a que inicien el debate correspondiente sobre el modelo y costes de los medios de comunicación públicos asturianos.

Si el tijeretazo de Cascos se lleva a cabo la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) dejará de emitir en cuestión de semanas y pondrá en la calle a 800 profesionales cualificados del mundo de la comunicación. El impacto de esta decisión queda de manifiesto cuando se compara con lo que sucedería en otros sectores productivos con gran arraigo en la región. 800 trabajadores es, por ejemplo, la mitad de la plantilla de la empresa pública Hunosa.

El anuncio de cierre no es una amenaza. Se trata de una consecuencia. Según el presidente, la Administración sólo transferirá al ente 2 de los 13 millones que le corresponde desde agosto hasta septiembre. Con esa partida sólo podrán abonar los sueldos del centenar de empleados contratados directamente, pero no podrán cubrir ni el gasto corriente ni los contratos con productoras ni el resto de conceptos. En estas condiciones, el cierre es inminente. Fuentes de la dirección lo explican de forma gráfica, no podrán llenar los depósitos de los coches para los equipos, pagar los satélites para la emisión y ni siquiera tendrán cámaras, ya que no hay ningún operador de cámara en plantilla, porque el servicio está subcontratado.

El fin de la emisión puede ser cuestión de semanas, pero de persistir esta situación antes podrá llegar el recorte casi total de la programación, al no poder pagar a las productoras que los elaboran y al adeudarles ya alguna mensualidad. Así lo explicó ayer el director del ente, Juan José Guerenabarrena, tras conocer el contenido de la comparecencia de Cascos. Guerenabarrena señaló que las empresas con toda probabilidad van a dejar de proveernos puesto que no cobran y además se les anuncia que no van a cobrar.

Ahí radica la principal preocupación. No es sólo que no se haya cobrado en los dos últimos meses, es que según el ajuste del Gobierno no se va a volver a cobrar, porque no se va a cumplir con los compromisos adquiridos y con los contratos firmados. Además, la caja de la RTPA se ha quedado a cero, ya que la entidad utilizó los remanentes de tesorería para pagar el sueldo de septiembre a los trabajadores de plantilla, ya que Hacienda no les ha facilitado ni siquiera ese dinero. El director asume, por tanto, que el anuncio de Cascos es muy grave.

A pesar de que parece que el Gobierno no está dispuesto a escucharles, porque en las últimas semanas ha bloqueado cualquier cauce de comunicación con el ente público de comunicación y no ha respondido a las llamadas de la dirección, sus responsables insisten en que sostienen a más de 800 familias asturianas, que cerrar la RTPA sería liquidar el sector audiovisual en Asturias y que acabarían con la riqueza de un mercado que emplea a personal altamente cualificado.

Defensores

En esta batalla, la RTPA parece no estar sola. Hasta el PP, un partido que ha sido muy crítico con su gestión, critica las formas del actual Gobierno y duda de la legalidad de sus acciones. La portavoz popular, Isabel Pérez-Espinosa, fue muy clara: Álvarez-Cascos prometió la enajenación y queríamos conocer esos planes, pero el anuncio realizado por el presidente nos dice que las suyas no son formas porque no pueden cortar el grifo sin previo aviso y poner en grave peligro el puesto de trabajo de más de 700 personas.

El candidato de IU por Asturias a las próximas elecciones, Gaspar Llamazares, sostiene que es incluso un empeño personal de Cascos, que tiene un claro prejuicio contra la comunicación y que pretende que la televisión quede ahogada. El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, habla de la asfixia deliberada de las empresas públicas y especialmente de la RTPA, que fue la única que citó expresamente el presidente durante su intervención. Para Lastra eso demuestra que es un ataque directo que ahoga a un sector económico que está despegando en Asturias, que compromete empleo, actividad económica y modernización. Y Javier Fernández habla de la destrucción de empleo joven.

También CCOO y UGT asisten perplejos a la agonía de la televisión. Justo Rodríguez Braga, de UGT, dice que el impago es un rejón al corazón de la televisión y que su cierre es una decisión precipitada que vulnera las competencias del Parlamento regional.