Las televisiones privadas llevan al Constitucional la batalla por el futuro de la TDT. Vocento, Unidad Editorial, Mediaset, Atresmedia y Uteca, la patronal que agrupa a todas las cadenas, van a presentar en las próximas semanas un recurso de amparo para frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en noviembre de 2012 anuló el reparto de los nueve canales de la TDT. Las compañías han optado por el recurso de reposición puesto que no pueden apelar a la protección de los derechos fundamentales porque no se cumplen las condiciones para agarrarse ni al derecho a la información ni al derecho a una comunicación libre.
Las cadenas tiran de este último recurso después de que el Alto Tribunal rechazara el recurso de reposición -parecido al de súplica- presentado a principios de año y del encallamiento de las negociaciones con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que se retomaron en diciembre de 2013, después de que el Supremo metiera prisa al Gobierno para que ejecutara la sentencia que declara ilegales los canales.
Pese al auto de apremio emitido por el Alto Tribunal, que daba un plazo de dos meses para cumplir con la sentencia, no parece que se vaya a solucionar el problema antes de final de año. Una situación de incertidumbre que ha acabado con la paciencia de los primeros espadas de la televisión llevándoles a escenificar un suicidio colectivo. Así, la cúpula de Uteca, presidida por Jose Manuel Lara, presidente de Atresmedia, dio un golpe en la mesa la semana pasada y decidió dimitir en bloque como protesta ante la inmovilidad del Ejecutivo, que está dividido entre mantener los canales o cerrarlos. Llevamos año y medio pendientes de que el Gobierno se decida. No puede tener a un sector inmovilizado, no sabemos qué pretende, pero así no se podemos seguir, denuncia el sector.
Pese a la escenificada ruptura, las televisiones mantienen conversaciones con la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría. Los contactos se intensificaron en los primeros meses del año, pero no se ha llegado a concretar nada. En este punto, las cadenas privadas, que siguen apostando por la vía de la negociación para evitar el cierre de los canales, coinciden en señalar al ministro de Industria, Jose Manuel Soria, como el culpable de que no se alcance ningún acuerdo.
Y es que Industria quiere liberar parte del espectro que usan las cadenas para vendérselo a las compañías de telecomunicaciones, que lo necesitan para desarrollar y explotar el 4G. En este sentido, las telecos pagan al Gobierno por el espectro que operan, mientras las teles lo utilizan de forma gratuita. Así, de no llegar a un acuerdo, como el que ya alcanzaron hace más de un año, Uteca ha asegurado que demandará al Ejecutivo, que podría indemnizar con una suma millonaria a los grupos, porque es el único responsable de que se hiciera mal el reparto, al saltarse su propia ley.
En este punto, las cadenas, que han preparado varios planes de contingencia por si tienen que dejar de emitir, aseguran que el problema se podría solucionar con una disposición transitoria que diera un aspecto legal al acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, evitando cerrar los canales o repetir los concursos.
La última opción es la que defiende 13TV y demás grupos para poder tener la opción de hacerse con algunos de los canales que soltarían los grupos: Unidad Editorial dos; Vocento (Net TV) dos; Mediaset dos y Atresmedia tres.
