Desde que hace 25 años nacieran las televisiones privadas en abierto en nuestro país, éstas se han convertido en el principal vehículo de información y ocio de millones de españoles.
Han llevado a cabo una ingente labor de desarrollo social, fomentando la libertad, la educación y la cultura para todos los españoles, con una aportación nada testimonial a la economía como figuras clave del ecosistema audiovisual. Pero, sobre todo, han aportado una cuota de libertad y pluralidad informativa sin igual, ofreciendo a los telespectadores la posibilidad de elegir libremente y sin necesidad de pagar por ello, los contenidos que desean consumir.
Motor económico, social y cultural
Los últimos datos disponibles revelan que el sector audiovisual español mueve y genera miles de millones de euros todos los años y está en el centro de la vida económica de otras muchas industrias. Es el motor del 1% del PIB español, genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y es fuente de empleo directo e indirecto para unas 77.000 personas.
Por otra parte, a pesar de la fuerte irrupción de otros dispositivos audiovisuales, el televisor, cada vez más sofisticado, sigue siendo el rey de los aparatos tecnológicos en el hogar. Según los últimos datos del IDAE, el 99,9% de los hogares españoles tiene al menos un televisor, siendo la media de 2,2 equipos por hogar.
Además de ser el equipo tecnológico con mayor penetración, también es uno de los más usados. 2013 se convirtió en el segundo año de mayor consumo televisivo de la historia con una media de 244 minutos por persona y día. Y el consumo televisivo por persona y día registrado en marzo de 2015 ascendía a 250 minutos. Cabe destacar también que, precisamente en el pasado mes de abril, el consumo a través de la TDT alcanzaba el 80,4% del total, frente al cable y el satélite, opciones de pago. Es decir, la televisión terrestre sigue siendo la opción preferida y mayoritaria para los españoles.
También la contribución de las televisiones privadas a otras industrias y su labor fundamental a la promoción de la cultura española es reseñable. Desde 1999 el sector ha destinado más de 1.900 millones de euros a la financiación de producciones cinematográficas, cosechando éxitos de taquilla y la mayor parte de los reconocimientos y premios de nuestro cine en los últimos años.
Sin embargo, toda esa labor y contribución a la economía, la cultura y el desarrollo social, se ha puesto en peligro en el último año. Desde que en marzo de 2014, el Ministerio de Industria ordenara el cierre de nueve canales de TDT, la televisión en abierto ha sufrido una serie de decisiones y ataques cuyo único objetivo es reducir la oferta gratuita de televisión, perjudicando de esta forma a todo el sector, pero fundamentalmente a los telespectadores.
Cierre de 9 canales
El 6 de mayo de 2014, a pesar de que fue la Administración la que incurrió en errores y carencias formales en la adjudicación de las licencias de emisión, los operadores de televisión privados se vieron obligados a renunciar a nueve canales.
Dicha situación fue el resultado de la falta de voluntad política del Gobierno y con ella se lesionaron gravemente los intereses de los españoles, que vieron reducida la pluralidad de la oferta en abierto, y se produjeron daños irreparables para la industria audiovisual española, agravando la ya de por sí difícil situación económica por la que atravesaban las empresas del sector.
Desde entonces y hasta la fecha los españoles disfrutamos de una oferta televisiva en abierto más pobre. Concretamente un 37,5% menor. Desde hace un año, los españoles somos un 37,5% menos libres para elegir y disfrutar de contenidos informativos, culturales y de ocio. Pero además, con dicha decisión se han impuesto a la industria nuevas dificultades para desarrollar una televisión en alta definición de calidad debido a la cicatera administración del espectro radioeléctrico.
Transición al Dividendo Digital
El 31 de marzo de 2015 se daba por finalizado el proceso de liberación del Dividendo Digital por el cual se reubicaban en otro espectro radioeléctrico las emisiones que los operadores de televisión realizaban en la banda de los 800 megahercios. El objetivo de dicho proceso era que las compañías de telecomunicaciones pudieran desplegar eficientemente las redes de comunicaciones móviles 4G.
El proceso, que debería haber finalizado el 31 de diciembre de 2014, tuvo que prolongarse tres meses debido a la falta de previsión y mala gestión de la Administración. Pero incluso con la prórroga de tres meses, los resultados, con pérdida de canales e interferencias con la señal 4G, demostraron que el Gobierno planificó y ejecutó de forma deficiente esta transición, lo que dañó y perjudicó una vez más a los operadores privados de televisión en abierto. La planificación fue lenta, con demoras incomprensibles, escasa o nula colaboración con las televisiones, desprecio a las advertencias de los profesionales del sector y sin una adecuada valoración de las consecuencias para el ciudadano.
Además, desde el primer momento se afrontó el proceso con una evidente intención de reducción de opciones por menor asignación de espectro.
Hostigamiento a la televisión en abierto
El 17 de abril, el Gobierno anunciaba en Consejo de Ministros la convocatoria de un nuevo concurso para la adjudicación de seis nuevos canales de TDT en abierto. Dicho concurso obviaba por completo el principal problema del sector audiovisual nacional: la posibilidad de cierre de otros ocho canales de la TDT. Al no incluir referencia ninguna a esta situación, el Gobierno eludía sus responsabilidades y se negaba a reparar los errores de la propia Administración. De esta forma el Gobierno no
solo ponía de manifiesto su completo desconocimiento de las necesidades del sector, sino que además persistía en el incumplimiento de los compromisos adquiridos con las televisiones en el proceso de transición a la TDT. En dicho tránsito, la Administración del Estado asignó estos ocho canales para incentivar la migración. Ésta se llevó a cabo de manera modélica gracias a la importante contribución económica y técnica de los radiodifusores privados, que cumplieron en tiempo y forma todos los compromisos esperando las contraprestaciones estipuladas.
Solo una serie de lamentables errores en la tramitación legal ha hecho posible que el cumplimiento de aquellos acuerdos esté en entredicho, y nada, salvo la ausencia de voluntad, impide que el Ejecutivo acuerde una solución viable y satisfactoria. El Gobierno dispone de la legitimación y los medios necesarios para eliminar de forma inmediata y definitiva la inseguridad jurídica que condiciona a todo el sector audiovisual. Sin embargo, ha optado, hasta la fecha, por hacer recaer las consecuencias de su obstinada inacción sobre los operadores, condenando de paso a todos los españoles a una preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio.
Ataques a los principales grupos audiovisuales
En las últimas fechas desde diversas instituciones se han producido declaraciones relativas a los riesgos de la concentración de las audiencias en un número reducido de operadores, en muchos casos insinuando que dicha situación es consecuencia de algún pacto inconfesable y clandestino de los grandes grupos mediáticos con el Gobierno. Sin embargo un rápido análisis objetivo de la situación sirve para desmentir tales acusaciones.
En primer lugar porque a pesar de la reducción reciente de la oferta, cualquier espectador medio español dispone actualmente entre públicas, privadas, de carácter nacional y local, de entre veinte y treinta opciones en la elección de canales.
En segundo lugar, porque si nos centramos exclusivamente en la oferta de televisión privada en abierto, nos encontramos con un escenario de cuatro operadores, a saber Atresmedia, Mediaset, Veo y Net TV, que disponen de un total de 15 canales. No parece por tanto ajustado a la realidad hablar de concentración audiovisual. Si aun así se quieren cargar las tintas en la concentración de las audiencias en unos pocos canales, debería ser exclusivamente para reconocer el mérito y los esfuerzos realizados por los operadores, que luchan por mejorar sus audiencias ofreciendo productos de calidad, rigor e invirtiendo miles de horas de trabajo.
Por último, la propia dinámica natural del ecosistema audiovisual es contraria a estructuras fragmentadas y escasamente eficientes. Basta para comprobarlo hacer una revisión de las audiencias y escenarios audiovisuales de nuestros países vecinos, y se verá fácilmente que en la mayoría de ellos existen pocos jugadores, tres como máximo, que se reparten la mayor parte de la audiencia y por consiguiente de la inversión publicitaria.
Ayuda y concentración de la televisión de pago
Paradójicamente, mientras se produce este hostigamiento a la televisión en abierto, el regulador que debe velar por la pluralidad y competencia en los mercados ha dado luz verde a la operación de compra de la plataforma de pago de televisión por satélite Canal+ por parte de Telefónica. Una situación que permitirá que un solo operador se convierta en el gran dominador del mercado de la televisión de pago. Los datos de la propia CNMC confirman que entre ambas compañías, acumulaban, a finales de 2014, el 70,7% de los clientes de la televisión de pago en España y el 85% de los ingresos.
A este respecto, conviene señalar que en la mayoría de análisis que se realizan al respecto, se soslaya que estas opciones de pago son en muchos casos, transitoriamente al menos, de pago sin coste explícito, y que una parte significativa de su oferta se basa en contenidos ya ofertados por las televisiones en abierto. Además, debe recordarse que las televisiones en abierto basan la mayor parte de su programación en producciones propias o concertadas, que son el soporte principal de la industria audiovisual nacional, mientras que en general, las opciones de pago son propuestas de canales empaquetados con escasa o nula producción propia.
No menos llamativo es la coincidencia temporal de la luz verde a esta concentración con la comunicación unilateral de los operadores de telecomunicaciones de una subida más que significativa de sus paquetes combinados, como si acabaran de darse cuenta que la televisión de pago tiene un coste que antes no aplicaban.
A esta situación se suman las ya referidas actuaciones por parte del Gobierno, que está abundando en su acoso a la televisión en abierto e impulsando de forma evidente la opción de la televisión de pago. Como ya se ha mencionado, la inacción por parte de Industria puede dar como resultado que en apenas un año los telespectadores pierdan un total de 17 canales gratuitos después de haber afrontado diez años de inversiones millonarias en la creación y sostenimiento de los mismos.
Conclusión
Conviene recordar que el espectro radioeléctrico es un bien público de alto valor para la vertebración y cohesión social, y que la gestión del mismo que el Gobierno está ejecutando supone un serio revés a la libertad informativa, pero también inflige un grave daño a la industria audiovisual y de forma general a la economía española en un momento que, pese a los apuntes de recuperación, sigue siendo extremadamente delicado.
Por su importancia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, el actual panorama audiovisual no puede estar sujeto a arbitrios judiciales, interpretaciones, recursos e intereses particulares y debería ser una prioridad para el Gobierno mantener y preservar la oferta de televisión en abierto.
Esperamos por ello que en los próximos meses el Gobierno modifique su manera de actuar en relación al sector audiovisual y corrija los desatinos cometidos, empezando para ello con la adopción de las medidas necesarias para dotar de seguridad jurídica a los actuales 15 canales de TDT. Se aseguraría así la oferta de televisión en abierto y gratuita que los españoles se merecen, además de garantizarse el futuro de la alta definición.
