La iniciativa del Parlamento andaluz evitará el cierre de las emisoras afectadas por anulaciones judiciales hasta la resolución del nuevo concurso
El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley que articula un periodo transitorio para asegurar la continuidad del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local y gestión comercial en la comunidad autónoma, así como la actividad empresarial de los licenciatarios. La propuesta, suscrita por todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, pretende dar seguridad jurídica al escenario audiovisual andaluz tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo (TS), de 79 licencias que fueron concedidas en 2008 en una treintena de las 62 demarcaciones territoriales en las que se divide la comunidad autónoma.
El periodo transitorio se prolongará hasta la resolución del nuevo concurso referido a estas licencias, que la Junta convocó el pasado 2 de agosto y que incluye otras 32 que permanecían desiertas.
La medida se concretará en la habilitación temporal de aquellas personas físicas y jurídicas que, previamente al pronunciamiento anulatorio del TS, contaban con el título administrativo reconocido por la Junta para la prestación del servicio. Con ello se evitará un cese de emisiones que, de manera directa, comprometería la viabilidad de al menos a 45 empresas con más de 600 empleos. Además, el apagón local afectaría a los 6,6 millones habitantes de las demarcaciones afectadas por los fallos judiciales, que dejarían de recibir un servicio considerado de interés general.
El concurso de readjudicación ahora en marcha se resolverá el próximo año con la concesión de licencias con una vigencia de quince años prorrogables por igual periodo. Entre otros requisitos para los concesionarios, la convocatoria incluye un tiempo mínimo de emisión de cuatro horas diarias, un adecuado volumen de producción propia y hecha en Andalucía, el estricto respeto a los derechos de los menores y el cumplimiento de la normativa vigente sobre publicidad en televisión. Asimismo, las emisiones deberán ajustarse a principios básicos como la veracidad e imparcialidad de las informaciones, el respeto al pluralismo y a los derechos y libertades constitucionales, el fomento de la conciencia de la identidad andaluza y la defensa de la cultura y de los intereses locales.
Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.
