El Ejecutivo aprovechará el reto que supone la fusión de las plataformas de TV digital para reordenar el sector audiovisual, regulado por una Ley de 1988, cuando apenas se podía prever la multiplicación de operadores. Por su parte, el vicepresidente Rajoy aseguró ayer que el Gobierno garantizará los derechos de los usuarios.Nueva Directiva europea
Europa ya se ha adelantado en este campo y el pasado mes de abril se publicó en el Diario Oficial de la Comisión Europea (DOCE) el Marco Regulatorio de Comunicación Electrónica, que recoge las nuevas Directivas europeas para el sector y que España deberá trasponer en un plazo máximo de quince meses. Entre sus principales novedades destaca que se elimina el concepto de concesión para una cadena de TV y se sustituye por el autorización, mucho más flexible y que evita el problema de incompatibilidades que plantea la fusión digital en nuestro país.
Una vez traspuesta la nueva Directiva europea, bastaría con modificar el límite accionarial fijado ahora en el 49 por ciento. Actualmente, la Administración baraja varias posibilidades a este respecto, como son la de aumentar el tope hasta el 75 por ciento del capital e incluso la de permitir controlar hasta el diez por ciento del capital social en una segunda concesión de TV. No obstante, el tiempo apremia y, en cualquier caso, es imprescindible que el nuevo marco regulatorio esté diseñado antes de que la fusión sea efectiva. A este respecto cabe recordar que el Ejecutivo ya modificó la Ley de TV Privada aprovechando la Ley de Acompañamiento a la de Presupuestos para subir el techo accionarial desde el 25 al 49 por ciento del capital.
Por su parte, los Consejos de Administración de Admira y Sogecable tienen previsto ratificar en sus respectivas reuniones del próximo martes los términos del acuerdo de integración de Vía Digital y Canal Satélite. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, eludió ayer hacer cualquier tipo de valoración política sobre el proyecto de fusión de las dos plataformas digitales. A pesar de ser torpedeado a preguntas en la rueda de Prensa que siguió a la reunión del Consejo de Ministros -donde aseguró, que a día de ayer no se planteó flexibilizar la ley de las televisiones privadas-, Rajoy no se salió del guión. «La postura del Gobierno es que no hay posicionamientos públicos salvo el que tenga que hacerse en el Consejo de Ministros cuando estudie todo aquello que afecta a la defensa de la competencia, los derechos de los ciudadanos y la legalidad», explicó el vicepresidente.
Pronunciamiento del Gobierno
En todo caso, apuntó que todavía se ignora la postura de la Comisión Europea, aunque admitió que el Tribunal de Defensa de la Competencia «lo puede reclamar para sí» por lo que «parece razonable que el Gobierno se tenga que pronunciar sobre este asunto».