El Gobierno se comprometió ayer oficialmente a «defender la competencia, la legalidad, el interés general y los derechos de los usuarios» como los principios básicos a la hora de juzgar el acuerdo entre Telefónica y Prisa para la integración de Vía Digital en Sogecable, el grupo audiovisual que preside Jesús Polanco.
Esta es la posición oficial expuesta ayer por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que actuó como portavoz tras el Consejo de Ministros en ausencia del titular de la cartera, Pío Cabanillas, que se encontraba en EEUU. Rajoy no enumeró entre los principios fundamentales a tener en cuenta el que reivindica Polanco, que es el de evaluar el contexto internacional de concentración de empresas audiovisuales y la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del sector.
Preguntado sobre si había un visto bueno tácito de La Moncloa a la operación que hubiera animado al presidente de Telefónica, César Alierta, considerado próximo al vicepresidente segundo, Rodrigo Rato a dar el paso, Rajoy respondió así: «El Gobierno no ha autorizado ni ha dejado de autorizar, el Gobierno no interviene en estas operaciones».
Y se distanció de las manifestaciones de Polanco sobre que si no hay fusión, tanto Vía Digital (la plataforma de TV de pago promovida por Telefónica) como Canal Satélite Digital (la gestionada por Prisa) pueden entrar en quiebra. «El Gobierno no toma decisiones sobre las declaraciones de empresarios privados, sino sobre documentos que llegan al Consejo de Ministros». Rajoy agregó que la decisión gubernamental va «unida a no hacer ningún pronunciamiento público sobre algo que afecta a empresas privadas».
El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha impuesto silencio a los ministros tras las declaraciones del titular de Fomento, Francisco Alvarez Cascos. Este aseguró el pasado jueves que el acuerdo entre Telefónica y Sogecable «contraviene el programa electoral del Partido Popular en 1996» al representar un «monopolio insufrible». Rajoy se resistió a valorar las declaraciones de Alvarez Cascos, aunque apuntó que «una vez que ha quedado clara la posición del Gobierno, hacer análisis históricos no conduce a nada».
Pero recalcó que Alvarez Cascos no está aislado en el Gabinete.«No hay ningún miembro del Gobierno que no quiera que se vele por la defensa de la competencia y el interés de los usuarios», subrayó Rajoy. Este negó que la alianza hubiera sido tratada en el Consejo de Ministros. Pero, según fuentes gubernamentales, sí fue objeto de debate informal y en él, Cascos expuso sus tesis y la mayoría de los ministros que intervinieron después mostraron sintonía con él. En todo caso, ningún ministro defendió el acuerdo en los términos pactados por Alierta.
Rajoy gallego de origen hizo una presentación de la posición del Ejecutivo ante la Prensa que podía interpretarse como una desautorización a Alvarez Cascos por sus duras declaraciones públicas y, al mismo tiempo, un respaldo a su tesis en que hay que ser severo con la fusión. «Si ha dado esa impresión, es que no lo ha hecho mal», bromeó una alta fuente gubernamental.
«Intentar enfrentarme con mis compañeros es una tarea inútil porque creo que todos pensamos básicamente lo mismo», afirmó Cascos posteriormente en Gijón.