Los expertos del sector tecnológico consideran que la legislación audiovisual en España es obsoleta y no sirve para los nuevos tiempos. Los contenidos se convierten en la principal preocupación del mercado.
Al mismo tiempo, reclaman una revisión urgente por parte del Gobierno para clarificar y unificar la normativa. Ésta es una de las principales conclusiones del Observatorio de las Telecomunicaciones (Obte), el foro de debate organizado por EXPANSIÓN con la colaboración del grupo Cap Gemini Ernst & Young.
El Observatorio de las Telecomunicaciones (Obte), que reúne a una veintena de personalidades del sector de telecomunicaciones y el negocio multimedia, discutió en su última reunión de mayo los principales retos del mercado televisivo, sumido en estos momentos en una profunda transformación.
El debate, conducido por Luis Abad, máximo responsable de Telecom Media Networks, la división tecnológica de Cap Gemini Ernst & Young, contó con la participación de Javier Cremades, que describió los principales retos y problemas a los que se enfrenta el sector. Cremades, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, explicó que el sector audiovisual español está infravalorado. Según él, la legislación actual «está dispersa, es torpe y hasta cierto punto cobarde».
Para Cremades, la legislación es el aspecto más relevante en estos momentos del sector, y el Gobierno debería abordar cuanto antes una adecuación a los nuevos tiempos. Cremades considera que el legislador debe unificar la normativa, que en estos momentos se encuentra totalmente fragmentada en España. Para el experto, la actual regulación favorece la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Es, según los miembros del Observatorio de las Telecomunicaciones, un lujo que no se puede permitir el mercado español de la televisión en momentos de profundos cambios como los actuales.
A los diferentes proyectos empresariales de reordenación del sector (fusión Vía Digital y Canal Satélite, o cierre de Quiero, por ejemplo), se une el proceso de transformación tecnológica, con la transición desde la televisión analógica hacia la digital. La fecha del llamado apagón tecnológico es 2012. En ese año, la televisión analógica desaparecerá por completo de los hogares españoles, y dará paso a la televisión digital, que abre el campo a infinidad de servicios multimedia.
«El principal apoyo que puede prestar la Administración para la efectiva implantación de la televisión digital es configurar un marco regulatorio estable». Cualquier otra actuación de apoyo carecerá , a juicio de Cremades, «de efectividad si el marco legal no está cerrado y persiste la incertidumbre». Una de las principales respuestas que reclama el sector es una asignación más eficiente del espectro radioeléctrico con el que funcionará la televisión digital.
Según Cremades, «la asignación de espectro, al parecer insuficiente, plantea dificultades para el desarrollo de la televisión digital». Según él, «quizás sea necesaria una asignación más eficiente». De la veintena de miembros del Observatorio, las dos quintas partes considera que el espectro es lo que más necesita una revisión en el sector de la televisión digital.
Este aspecto es para los expertos más relevante incluso que la piratería. Para los expertos, la piratería es un aspecto que, en lugar de regularlo con ley audiovisual, se debería circunscribir al ámbito del derecho penal, que ya tiene mecanismos para proteger la propiedad privada.
Además del espectro, los miembros del Obte reclaman que una mayor flexibilidad accionarial «modifique la regulación actual en cuanto a porcentajes de participación accionarial». Además del límite del 50%, que no puede superar ningún grupo en una cadena de televisión, está el límite de la presencia simultánea. Ningún grupo puede estar en más de dos cadenas de televisión al mismo tiempo.