Según ha comunicado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), en el caso de que Quiero optara por suspender pagos y el cierre de las emisiones, el Gobierno deberá ejecutar el aval de 34 millones de euros depositado por esta plataforma, para garantizar los derechos de los proveedores y de los abonados.
«De forma inmediata -reza el comunicado difundido por la asociación- debe abrirse un proceso para una nueva concesión de las frecuencias de sus catorce canales de pago. Puede optarse por la convocatoria de un nuevo concurso o por el reparto de las mismas entre los operadores de Televisión Digital Terrestre existentes, que podrían aumentar así su ancho de banda».
La AUC agrega que si Quiero llega finalmente a un acuerdo con los operadores de televisión digital por satélite para el traspaso de abonados, la operación debe tener en cuenta los derechos adquiridos por los abonados.
Además, la AUC considera que debe «encontrarse una fórmula que permita a los actuales abonados mantener sus descodificadores o sustituirlos por otros para asegurar la recepción de los canales de TDT en abierto, tanto actuales (TVE, Telecinco y Antena 3) como los futuros (Net TV y Veo TV), que comenzarán a emitir a partir del próximo mes de junio y que no podrán recibirse sin esos descodificadores».