Canal Satélite Digital y Vía Digital notificaron esta semana a la Comisión Europea su proyecto de fusión, después de que el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, reclamara a las dos compañías información adicional sobre los detalles del acuerdo. Este trámite ha retrasado sensiblemente los plazos de revisión del pacto por parte de las autoridades comunitarias, que ahora empezarán a correr desde el próximo 5 de agosto.
Esta es la fecha tope que tiene marcada la Dirección General de la Competencia para comunicar si autoriza la operación o inicia un examen en profundidad, según confirmaron fuentes comunitarias citadas por Expansión. En cualquier caso, la mera aceptación por parte de la Comisión Europea del expediente confirma que la operación de integración tiene dimensión comunitaria. Esto significa que la fusión de las dos plataformas digitales en España no podrá llevarse a cabo sin contar antes con la autorización de las autoridades comunitarias.
En caso de que Bruselas decida, antes del próximo 5 de agosto, que la operación de fusión afecta a la libre competencia, la Dirección General de Competencia iniciará una investigación en profundidad del expediente, que puede extenderse por un periodo superior a cuatro meses. La investigación de Bruselas provocará, de esta forma, que la integración entre Canal Satélite y Vía Digital no sea viable operativamente hasta, al menos, diciembre de este año.
El acuerdo prevé que el grupo Sogecable absorba Vía Digital, ahora controlado por Telefónica, y lo integre junto a Canal Satélite. Telefónica ay sus socios en Vía Digital controlarán un 23% del nuevo grupo, en idéntica proporción a la que tengan el grupo Prisa y Canal Plus, la filial de televisión de pago de Vivendi Universal. Aunque la operación ha sido declarada de dimensión comunitaria, el artículo noveno del Reglamento de Fusiones prevé que las autoridades nacionales, en este caso el Gobierno español, puedan pedir a la Comisión la tramitación del expediente.
Generalmente, Bruselas acepta remitir este tipo de expedientes cuando las compañías implicadas en la operación obtienen más de dos tercios de sus ingresos europeos en un solo país. Canal Satélite y Vía Digital obtienen la práctica totalidad de sus ingresos en España, y el Gobierno ha mostrado su intención de solicitar el caso si las autoridades comunitarias lo permitían. Una vez notificada la operación, el Ejecutivo español cuenta con un plazo de tres semanas para solicitar la tramitación del expediente. En este periodo de tiempo, el Gobierno tendrá que demostrar ante la Comisión Europea que la operación puede crear en España una situación de posición dominante en el mercado de televisión de pago. Es entonces cuando puede solicitar formalmente a Bruselas la remisión del caso.