Josep Piqué anunció el pasado martes una decisión contestada por amplios sectores del Partido Popular.
Desconcierto entre las bases porque «en el Gobierno han conseguido que tengamos a todos los medios privados en contra a seis meses de las elecciones»
La modificación de la normativa audiovisual, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, es cuestionada por destacados responsables del PP que califican de «desacertada» y «muy preocupante» la decisión del Ejecutivo, de la que dicen haberse enterado por los medios de comunicación. Lo cierto es que el vuelco que el panorama de los medios de comunicación ha registrado en los últimos días, tras el cambio de rumbo del Gobierno, tuvo ayer en jaque a numerosos dirigentes, cuyas llamadas «para saber de qué va esto» se sucedieron a lo largo del día. Uno de los citados responsables, con amplia experiencia en las instituciones gobernadas por el PP, aludió a la descoordinación entre algunos niveles del Gabinete como detonante de una decisión que «está en abierta contradicción con la filosofía que ha defendido el Ejecutivo desde 1996 e incluso desde la oposición, basada en la no intervención».
Las mismas fuentes calificaron de «errática» una decisión en abierta contradicción con la defensa del pluralismo y de la competencia que marca el mapa audiovisual en el resto de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Otro de los argumentos esgrimido por los citados interlocutores incide en la incoherencia que supone que el Gobierno adjudicara hace dos años una cadena digital terrestre de ámbito nacional a aquellas empresas de comunicación que un año antes, como parte de la misma estrategia del Gobierno, habían recibido una concesión de ámbito autonómico, como es el caso del Grupo Correo Prensa Española, beneficiaria de la adjudicación de Net TV doce meses después de que hubiera recibido la adjudicación de Onda 6, una cadena cuyo ámbito de emisión se circunscribe a Madrid.
«Golpe a la credibilidad»
La ruptura de esa estrategia supone un golpe a la línea de flotación de la credibilidad del PP en política de medios, según aseguran en fuentes de ese partido, cuyo primer desafío de envergadura pasa por las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 25 de mayo. La preocupación por el cambio de rumbo que hizo público el ministro Josep Piqué en la tarde del pasado martes podría dejarse sentir, a juicio de las mismas fuentes, en las expectativas electorales del partido de Aznar. Muy especialmente en la proyección de voto local en los comicios de 2003, elecciones consideradas como «auténticas» primarias de esta formación con vistas a los resultados que podría obtener en 2004, fecha de los comicios nacionales.
Además, en algunos sectores del PP más «de base» cunde el desconcierto ante la política de medios del Gobierno. «Hemos conseguido tener a todos los medios privados en contra», comentan con incredulidad tras la enmienda introducida en el Senado para obligar a elegir a las empresas de televisión entre cadenas nacionales y locales. Al margen de las cuestiones ideológicas -el dirigismo empresarial no casa precisamente con el programa electoral del partido- el comentario adquiere el carácter de crítica, pues diputados, senadores y dirigentes autonómicos y provinciales tienen que lidiar desde ahora hasta mayo con una precampaña en la que tendrán enfrente un panorama de medios de comunicación muy complicado, tanto por parte de los que ya contaban como adversarios como por parte de los más afines. En la dirección del partido se limitan a defender la medida con una apelación a la obligación del Gobierno a velar por «la pluralidad» e insinuar que «los daños colaterales» de la medida podrían ser paliados con medidas que se tomarían al final de la legislatura. «El proyecto liberal del partido también incluye la defensa de la pluralidad en los medios de comunicación», dicen en Génova.