Sogecable se adhirió ayer a la demanda judicial presentada este año en Estados Unidos por diversas cadenas de televisión de pago (la francesa Groupe Canal+, la norteamericana Echostar y la malasia Measat) contra la compañía británica de software para acceso condicional NDS, integrada en News Corporation, por la supuesta ruptura de los códigos de acceso de sus tarjetas inteligentes y la distribución de los mismos en Internet.
Estas actividades favorecieron el pirateo masivo de las citadas claves de acceso y, consiguientemente, causaron un grave perjuicio económico a diversas televisiones de pago en todo el mundo, especialmente a las radicadas en Francia, España e Italia.
Con esta actuación, Sogecable pretende defender y salvaguardar la inaceptable violación de los códigos de acceso de sus tarjetas inteligentes, unos hechos que provocaron una reciente y costosa operación de sustitución de las citadas tarjetas. La compañía española, propietaria de Canal+ y Canal Satélite Digital, utiliza la tecnología Mediaguard, el mismo sistema digital usado por Canal+ en Francia, Telepiú en Italia y otra serie de televisiones de pago en Europa, Asia y Estados Unidos.
La demanda presentada inicialmente por Groupe Canal+ ante el tribunal del distrito norte de California sostiene que NDS participó en una conspiración contra Canal+ con el fin de dañar su posición competitiva en el mercado de la televisión digital. La citada compañía alegó que NDS atacó ilegalmente el sistema de seguridad de Canal+ Technologies, no vulnerado hasta entonces, destinó una gran suma de capital y recursos para obtener el código de sus tarjetas y facilitó luego dichos códigos a una página web frecuentada por falsificadores. Canal+ Francia calculó entonces que las acciones de NDS le provocaron unas pérdidas superiores a los mil millones de dólares estadounidenses.
Sogecable se ha distinguido desde el inicio de sus actividades en España por su inequívoca lucha contra la piratería en todos sus ámbitos y destaca, como dato especialmente significativo, que la compañía tiene actualmente en marcha más de 70 diligencias judiciales contra este tipo de delitos. Precisamente el pasado 4 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia firme por la que condena a unos fabricantes de tarjetas piratas por un delito de descubrimiento y revelación de secreto de empresas. La sentencia reconoce que los vendedores y usuarios de este tipo de tarjetas podrían ser condenados por un delito de estafa informática y defraudación en las telecomunicaciones, lo que crea un claro precedente judicial en la lucha contra la piratería.