El ministro Piqué quiere que el nuevo texto sea aprobado por el Consejo de Ministros en febrero y que un mes más tarde pase a ser debatido en el Parlamento
La Ley General Audiovisual conforma junto a la nueva Ley General de Telecomunicaciones y el desarrollo del nuevo Plan Nacional de I+D (2004-2007) los tres grandes ejes de actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 2003.
El titular del departamento, Josep Piqué, quiere que antes de que concluya el mes de febrero el Consejo de Ministros apruebe la Ley General Audiovisual que desarrollará, reglamentará y completará las modificaciones legislativas introducidas por el Gobierno en noviembre pasado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003.
Como se recordará, el día 25 del citado mes el ministro anunció en Barcelona la modificación del artículo 19 de la Ley de Televisión Privada, prohibiendo que un mismo grupo pueda participar en una televisión generalista de ámbito nacional y de forma simultánea en televisiones locales y autonómicas. Los cambios se introdujeron pese a que Piqué había anunciado en reuniones con el sector la decisión contraria.
Con la Ley General Audiovisual el Ministerio de Ciencia y Tecnología persigue «poner fin a la actual dispersión normativa y dotar al sector de mayor seguridad jurídica». Para conseguirlo propone liberalizarlo mediante la declaración de la radio y la televisión como servicios prestados en régimen de libre competencia. De igual forma apuesta por distinguir entre tres tipos de empresas en el mercado de la televisión: los editores de canales, los operadores de difusión y los portadores de la señal de telecomunicaciones.
El nuevo texto legal que el Parlamento comenzará a debatir en marzo próximo compatibilizará la liberalización con el carácter de servicio público de la radio y las televisiones públicas, que quedarán sujetas a un control parlamentario, según adelantó el ministro Piqué el pasado 2 de enero. Junto a la introducción de un régimen de incompatibilidades que impida la creación de cadenas de ámbito nacional mediante la adición de cadenas locales, la ley fomentará la autorregulación mediante la creación de códigos de conducta.
Finalmente, introduce medidas para facilitar la transición tecnológica y adelantar el denominado «apagón analógico», que servirá para desterrar la televisión y la radio analógica e implantar la digital. La migración de la tecnología análógica a digital tenía como plazo límite el 31 de diciembre de 2012, pero el ministro Piqué quiere adelantarlo a 2010. La digitalización permitirá incorporar nuevos servicios para el usuario y contribuirá poderosamente a reactivar la industria de suministradores de material, así como de distribución de contenidos.
El sector confía en que la nueva ley incluya la creación del consejo regulador nacional, en sustitución de los distintos consejos autonómicos que actualmente existen.
Desde una óptica política, el PSOE ha presentado a finales de 2002 una iniciativa parlamentaria para crear una subcomisión, en el seno de la comisión constitucional, encargada de vigilar la reforma del sector audiovisual. El coordinador general de IU, Gaspaz Llamazares, también se ha mostrado partidario de un debate político en torno a la nueva ley.