La comisión paritaria constituida por Sogecable y Vía Digital (Grupo Telefónica) para abordar el plan de viabilidad de la fusión digital ha decidido solicitar una prórroga para replantear el acuerdo alcanzado a principios del pasado mes de mayo. Las condiciones impuestas por el Gobierno afectan directamente a la estructura financiera del proyecto a medio plazo, por lo que tanto Prisa como Telefónica, promotores de la operación, van a tener que aumentar su riesgo en las garantías financieras que exige la nueva plataforma conjunta, cuya deuda inicial se estima en 1.400 millones de euros.
Ante esta situación, y después de casi dos meses de trabajos, los responsables de la fusión plantean acogerse a la ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común que faculta la posibilidad de ampliar los periodos de consulta en la mitad del plazo previamente otorgado por el Gobierno. En el caso de la fusión digital, el plazo concedido en el acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de noviembre era de dos meses, que finaliza por tanto dentro de once días, el próximo 29 de enero. El problema ahora consiste en que la decisión de aceptar la prórroga compete exclusivamente al Consejo de Ministros y el máximo órgano colegiado del Gobierno sólo tiene prevista una reunión antes de dicha fecha. La prórroga será presentada el lunes y el Ejecutivo deberá decidir en el Consejo de Ministros del próximo viernes, 22.
Estructura financiera
Los dos problemas principales con que se enfrenta la fusión digital están localizados en la estructura financiera de la futura plataforma conjunta y vienen dados por el impedimento del Gobierno para que Sogecable pueda operar con precios libres durante los próximos cuatro años. Las condiciones impuestas por el Gobierno a la fusión establecen que en los próximos cuatro años, la empresa resultante no puede incrementar los precios por encima de la inflación y, además, durante el primer año operativo los precios no sufrirán ninguna subida.
Ante estas restricciones, los responsables de la futura empresa conjunta están estudiando la conveniencia de solicitar al Gobierno que abra la mano y permita una modificación del precio asignado al paquete básico que actualmente se ofrece en la contratación del servicio por parte de Sogecable y de Vía Digital. El objetivo consiste en aumentar el precio a cambio de mejorar la oferta de dicho paquete básico de programación que sería convenientemente ampliado.
El aumento de precios es un elemento básico del plan de viabilidad elaborado por la plataforma conjunta por cuanto que la generación de ingresos es clave para asegurar la estructura financiera de la compañía sin asumir más riesgos de los previstos en el acuerdo de fusión. La nueva Sogecable va a nacer con una deuda estimada de entre 1.400 a 1.500 millones de euros y si los precios se congelan por debajo del IPC previsto, los promotores de la fusión van a encontrar serias dificultades para que la banca financie sin mayores garantías la mencionada cifra de endeudamiento.
En otras palabras, la adecuación de los precios es fundamental para que Sogecable, pero también Telefónica, no tengan que asegurar nuevos avales bancarios como respaldo de la empresa resultante de la fusión. De ahí el interés por solicitar una prórroga que permita llegar a un acuerdo con el Gobierno que asegure la viabilidad de la futura plataforma.