Aznar bloquea el texto al estimar que no es el momento político oportuno
El pasado martes el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, aseguró que la aprobación de la Ley General de Radio y Televisión dependía ya de la decisión que tomara Aznar. Y el presidente del Gobierno dejó claro ese mismo día que no le parece el momento político oportuno para poner en marcha el proceso que acabaría con la aprobación del esperado documento. Eso significa que, definitivamente, no habrá nueva ley para el sector audiovisual en esta Legislatura.
El pasado martes por la tarde, el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, se reunía con el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro de Ciencia y Tecnología, para analizar la situación antes de adoptar la decisión definitiva. Pese a que el anteproyecto de Ley General de Radio y Televisión dejaba fuera inicialmente el modelo de financiación de la televisión pública para el posterior debate parlamentario, Piqué no convenció a Aznar para seguir adelante con el proceso administrativo.
Por tanto el Consejo de Ministros de mañana viernes no aprobará el documento. Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a LA GACETA que el presidente del Gobierno estimaba poco conveniente sacar aprisa y corriendo el texto de la nueva legislación, además incompleto, y que era preferible aprobar la nueva normativa sin dejar fuera el espinoso asunto del modelo de la televisión pública. La proximidad de las elecciones generales, a menos de un año, también ha hecho aconsejable posponer la aprobación del documento.
Aspectos clave
Pese a esta decisión, que sólo un milagro de última hora podría variar, el titular de Ciencia y Tecnología sigue empeñado en sacar adelante los aspectos claves que precisa con urgencia el sector. Entre esos aspectos se incluye en primer lugar todo el asunto relativo a las incompatibilidades accionariales que estableció el propio Gobierno con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003. La intención del Ejecutivo, a raíz de la presión de los grandes grupos de comunicación españoles, que son los que se ven afectados por esas incompatibilidades, es suavizarlas. En vez de limitaciones a la entrada en el capital, impondrá limitaciones sobre el volumen de audiencia acumulada.
Otro de los aspectos clave que Piqué pretende sacar adelante es el relativo a la eliminación del carácter de servicio público para toda la radiodifusión, dejando ese aspecto de forma exclusiva para la radiotelevisión pública. Las privadas tendrán la consideración de «servicio de interés general». También se intentará sacar adelante la reordenación del sector de las televisiones locales exigiendo su digitalización desde que se reciba la correspondiente licencia, y evitar así que no se convoquen los concursos autonómicos, lo que seguiría facilitando el caos en el que perviven las estaciones locales de televisión.
El ministro también quiere reordenar el espectro radioeléctrico, objetivo que se acometerá, al igual que los anteriormente citados, mediante una serie de enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones que se encuentra en pleno trámite parlamentario.