El futuro de Hispasat depende en buena medida de la decisión que tome el consejo de Sogecable acerca del proveedor de los servicios de satélite unificados.
La elección está entre la española Hispasat o la luxemburguesa Astra, controlada por los bancos públicos de Luxemburgo y por la operadora alemana Deutsche Telekom.
Es evidente que los administradores y gestores de Sogecable deben defender en primer lugar los intereses de sus accionistas. Pero, sin menoscabo de ello, convendría tener en cuenta que Hispasat no es exactamente sólo una compañía, sino que su gestación tuvo algo de proyecto de Estado.
Por la capacidad que proporcionó de aglutinar gran cantidad de expertos del sector, por los importantes retornos industriales -500 millones de euros- que ha dado a las empresas españolas del sector aerospacial en los últimos quince años, y por la capacidad que da a la industria cultural española de proyectarse en Latinoamérica y EEUU.
Bien es verdad que Telefónica nunca fue muy partidaria de Hispasat, puesto que redujo el control que la operadora, entonces monopolio, ejercía en la provisión de los servicios de satélite, y que incluso ahora mismo su interés por el futuro del grupo es perfectamente descriptible.
Pero con estos antecedentes, Telefónica y BBVA harían bien en considerar que, en su doble condición de accionistas de Hispasat y de Sogecable, su responsabilidad va un poco más allá de la defensa estricta de la gestión financiera más ortodoxa.
Sobre todo teniendo en cuenta que existen argumentos técnicos y económicos de peso -por supuesto, susceptibles de discusión- que avalan la idoneidad de la elección española, una elección, por cierto, que no requeriría ni un minuto de deliberación en la mayoría de los países de nuestro entorno.