Los operadores privados de televisión alertaron ayer, durante la Jornada Anual de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), sobre la dureza y desproporción del régimen de infracciones y sanciones contemplado en el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, que próximamente será remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados tras el informe preceptivo del Consejo de Estado.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y director de la Oficina Técnica de UTECA, Santiago Muñoz Machado, equiparó dos de las medidas sancionadoras previstas, la suspensión temporal del servicio y la pantalla en negro, a la censura previa o el secuestro del medio.
En el «Informe UTECA sobre la regulación de la TV en España», Muñoz Machado se refiere también a «la acción de cesación» incluida en el anteproyecto que, «dado que puede utilizarse para combatir cualquier infracción de las leyes, por leve que sea», abre «un cauce de represión desproporcionado».
Medidas cautelares
Respecto al régimen de sanciones, el secretario general de Telecinco, Mario Rodríguez, criticó las competencias atribuidas al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para dictar medidas cautelares que puedan consistir en la suspensión de la señal de televisión.
Rodríguez reclamó, además, que las sanciones más graves sean adoptadas «por unanimidad» de los miembros del Consejo «y soportadas por un informe de un órgano externo». Las privadas entienden que la previsión de multas de entre 500.000 y un millón de euros hace «innecesario hablar de la suspensión del servicio, con un cuadro de sanciones tan severo».
En el discurso de clausura de la Jornada Anual de UTECA, el presidente de esta asociación y del Grupo Antena 3 TV, José Manuel Lara, reclamó al Gobierno «más diálogo, más colaboración y más participación para ir solucionando todos los problemas del sector, sin que haya vencedores ni vencidos, sin que unos se impongan sobre otros, alcanzando el mayor denominador común, que es al que debe aspirar todo Gobierno». Respecto a la Ley General Audiovisual, Lara destacó que «se trata de una Ley pensada esencialmente para imponer deberes, obligaciones y restricciones al sector privado».
El presidente de UTECA destacó que en el anteproyecto «hay muy pocos preceptos que afecten a la organización, funcionamiento y disciplina de las televisiones de titularidad de las comunidades autónomas». En el análisis de dicho anteproyecto, incidió en la paradoja que supone el cambio de las concesiones actuales por licencias, «de modo que las empresas privadas no gestionan ningún servicio público -vieja aspiración de UTECA que ahora se concede-, pero, sin embargo, no se las ha levantado ni una sola de las cargas y obligaciones de servicio público que tienen impuestas».
En relación al Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, José Manuel Lara resaltó que «se quedan fuera todas las televisiones autonómicas y locales» además de la televisión pública nacional, lo que «determina una diferente aplicación de los criterios de intervención, medidas cautelares y sanciones».
Por su parte, el Secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, defendió la actuación del Gobierno en materia audiovisual, pues «ha respondido con diligencia y decisión al reto que le planteaba un sector cuya situación era calificada de caótica por ustedes mismos».
En el marco de la «Jornada Anual de UTECA», la consultora Deloitte presentó El Informe Económico de la TV Privada 2005, en el que se recoge que los operadores privados ingresaron 3.125 millones de euros en 2004, un 14,5 por ciento más que el año anterior, tras un crecimiento del 16 por ciento del mercado publicitario en televisión.