La Comisión Europea defiende que sean los operadores y no las administraciones públicas quienes decidan los servicios de telecomunicaciones sin cable que prestarán mediante las frecuencias sobre las que tengan derechos de uso
Bruselas quiere retirar a los Estados y traspasar al mercado el poder de determinar el valor económico de las frecuencias radioeléctricas; de redistribuirlas entre los operadores de telecomunicaciones y medios de información; y de decidir si su uso más eficiente es para la retransmisión de contenidos de radio, televisión, telefonía móvil o Internet sin cable.
Los servicios de la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, presentaron ayer tres comunicaciones entorno a las que se articula la estrategia que propone Bruselas para mejorar la utilización del espectro radioeléctrico en la UE.
La principal de la propuestas es armonizar las reglas con las que las autoridades nacionales de los Veinticinco gestionan en sus respectivos territorios el acceso y las condiciones de uso de las ondas. El objetivo es que en 2010 pueda echar a andar un mercado europeo de frecuencias.
Es decir, una vez que las administraciones de cada Estado conceden a un operador el derecho de uso de una frecuencia determinada, Bruselas pretende que el beneficiario pueda revenderla libremente a otro operador.
Es más, la Comisión defiende que el titular de los derechos de uso pueda ejercerlos según su voluntad y la evolución del mercado para prestar servicios de telefonía, de conexión a Internet sin cable a través de banda ancha, o para la difusión de contenidos de radio o televisión. Y, si por ejemplo, un operador de telefonía móvil decide vender sus derechos de uso de frecuencias a otro de Internet, tampoco debería haber ningún problema legal para el cambio de uso.
La situación es un vuelco con respecto a la rígida situación actual, en la que si una administración concede una licencia de uso de frecuencias a un operador de telefonía, este sólo puede usarlas para este fin. Además, sólo diez países por el momento han puesto en marcha la legislación necesaria para posibilitar la compra-venta del uso de las frecuencias (Dinamarca, Italia, Holanda, Hungría, Austria, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido), posibilidad que por reciente apenas ha sido utilizada. En el caso de España, el mercado de frecuencias está aún a la espera de que finalice el trámite legislativo.
Bruselas también aboga para que una vez que se haya pasado de la actual televisión analógica a la de tecnología digital, los Veinticinco acuerden destinar parte del espectro que quede libre al desarrollo de servicios paneuropeos innovadores.
Aprender la lección
Bruselas quiere evitar que el sector de las comunicaciones electrónicas vuelva a sufrir una crisis como la causada en 2000 por la atribución de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. Los países europeos actuaron en orden disperso, acentuaron la fragmentación del mercado continental, dispararon los costes de las empresas y pusieron en riesgo el desarrollo del sector.
La Comisión asegura ahora que el beneficio neto resultante de la introducción del comercio de frecuencias de radio, asociado a una flexibilización de los derechos de utilización del espectro, se elevaría a 8.000 o 9.000 millones de euros por año para los Estados miembros de la UE .
Eso sí, para maximizar la eficacia de la creación de un mercado único de equipos y servicios digitales es necesario que los Veinticinco se coordinen. Según Bruselas, Si un país decidiera no reformar su política de gestión del espectro y no adoptar estas medidas, su decisión conllevaría costes para los demás, mientras que cada país que se adhiriera al proyecto aportaría ventajas suplementarias para los demás. 60%-70% de los retornos positivos serían atribuibles a las reformas nacionales, mientras que 30%-40% resultarían de una transición en toda la UE .