La televisión local del barrio madrileño de Vallecas Tele K ha anunciado hoy el inicio de sus emisiones a través del canal 40 de UHF la misma frecuencia por la que laOtra, segunda cadena de Telemadrid, emite en analógico en pruebas desde el pasado jueves 15.
Con esta medida, explican en un comunicado, pretenden llamar la atención sobre la situación de los canales locales y las consecuencias de la situación de ilegalidad en la que han incurrido el gobierno de Esperanza Aguirre y la dirección de Telemadrid, en referencia a la emisión en pruebas de laOtra sin la preceptiva autorización de Industria.
Entienden que tiene mejor derecho que la cadena autonómica para utilizar una frecuencia vacante ya que mientras nuestras emisiones están transitoriamente amparadas hasta seis meses después de que se dicte un fallo firme sobre el concurso de televisión local, Telemadrid no está legitimada para ocupar una frecuencia no planificada para tal fin por el Estado, explican.
La televisión local defiende que su funcionamiento está amparado por la Disposición Transitoria de la Ley de Televisión Local y considera que la ocupación del canal 40 del UHF, por Telemadrid, es ilegal.
Invocan el principio de igualdad ante la ley y señalan que al mismo tiempo que la Comunidad ha abierto expedientes de cierre a 21 televisiones locales por emitir sin licencia, se erige en el principal infractor promoviendo las emisiones de La Otra sin la preceptiva autorización del Ministerio de Industria.
Tele K reivindica el derecho fundamental a la libertad de expresión, motivo por el que resistirán la pretensión del gobierno regional de privarnos del espectro radioeléctrico para sustituir a las actuales televisiones locales por una red pública y privada de emisoras al servicio de los intereses del Partido Popular, añaden.
El canal Tele K esta considerado una de las emisoras de televisión local más antiguas de Madrid, ha desarrollado una intensa labor a favor de Vallecas durante los últimos 12 años y concurrió a una las licencias de televisión digital terrestre de la Comunidad de Madrid, sin resultar adjudicataria, lo que podría suponer su cierre en un plazo de seis meses.
Según ha explicado Francisco Pérez, director de la cadena, ésta ha presentado un recurso contencioso administrativo y ha solicitado la suspensión cautelar de las medidas hasta que se resuelva su recurso por lo que, en el peor de los casos, esos seis meses no empezarían a contar hasta que haya resolución.
Pérez asegura que Tele K emite desde el lugar más seguro para la cadena, que es Vallecas y subraya que si bien La Otra lo hace desde las instalaciones del Canal de Isabel II en San Blas y su cobertura será más amplia en el norte de la capital, la del canal vallecano prevalece en el sur y el centro de Madrid.
Mientras tanto, el Ministerio de Industria sigue a la espera de la orden judicial que ha solicitado para poder clausurar las emisiones de La Otra.
La Comunidad de Madrid considera «un acto de piratería» que Tele K emita por el mismo canal que La Otra
La Comunidad de Madrid considera «un acto de piratería» que atenta contra el marco jurídico, el hecho de que Tele K, la televisión local de Vallecas, haya comenzado a emitir hoy por el canal 40 de UHF que venía siendo utilizado por La Otra, de Telemadrid.
En la sede de la Presidencia regional, el secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró a primera hora de la tarde que «hoy se ha producido un hecho gravísimo contra la libertad de expresión y la legalidad vigente: un canal de televisión, Tele K, ha cometido un acto de piratería en las ondas y de forma intencionada ha ocupado la señal del segundo canal de Telemadrid«.
Victoria añadió que lo ocurrido «es un hecho que atenta contra el marco jurídico«, por lo que pidió al Ministerio de Industria que «actúe con celeridad y rapidez«, y que el ministro, José Montilla, y el secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, «condenen este acto«.
El PSOE cree que la actuación de Tele K es una «consecuencia lógica»
El secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid (PSM), Miguel Ángel Sacaluga, señaló hoy que la decisión de Tele K de emitir por el canal 40 de UHF, la frecuencia utilizada por «La Otra», segunda cadena de Telamadrid, es «consecuencia lógica» de la política de «ley de la selva» que, a su juicio, ha fomentado el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Sacaluga vinculó la actuación de la televisión vallecana a la determinación del Ejecutivo madrileño de desarrollar una política basada en «el incumplimiento reiterado y persistente de la ley y la insumisión«, en lugar de «actuar como garante del cumplimiento de las leyes, como es su obligación«.
«Aguirre o alguien de su Gobierno tendría que dar una explicación a los ciudadanos y asumir la responsabilidad de estos hechos, gravísimos desde el punto de vista de los principios de un Estado de Derecho«, afirmó el dirigente socialista, quien acusó a la presidenta regional de «no conformarse sólo con el uso partidista y propagandístico de una empresa pública como Telemadrid, sino financiar también con ese dinero su política de conspiración y crítica al Gobierno de la Nación«. «Mientras con una mano está incumpliendo la ley, con otra reivindica que esa ley se aplique a los demás«, afirmó.
En este contexto, acusó a Aguirre de utilizar en esta polémica «todos los métodos, confesables e inconfesables e inclusive la mentira«, en referencia a las declaraciones en las que manifestaba que el Ministerio de Industria ha reconocido que las emisiones de «La Otra» no son un acto ilegal. «Eso no es sólo falso –replicó Sacaluga-, sino que el Ministerio de Industria ha elevado a los tribunales este tema, pretendiendo con ello que la Justicia sea la que obligue a Aguirre a volver a la senda de la ley«.
De igual modo, criticó que la jefa del Ejecutivo autonómico «esté utilizando» el Canal de Isabel II para permitir las emisiones de «La Otra» y consideró «inconcebible» que este organismo no se haya reunido todavía para analizar la sequía que sufre Madrid. «Quizás sea para evitar lo que puede ser una reunión tormentosa, donde se le pidan explicaciones al Gobierno regional por la utilización del Canal en una operación política ilegal«, concluyó.