Cuatro de las frecuencias pedidas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio serían de titularidad pública y las otras ocho estarían reservadas a empresas privadas.
El año 2010 es la fecha tope que el Gobierno de la nación ha situado como punto de arranque para que las televisiones de ámbito estatal y autonómico den comienzo a sus emisiones digitales, una tecnología que pondrá punto final al actual sistema analógico, que aportará mayor calidad de imagen y sonido y que abrirá el abanico de posibilidades para que nuevos operadores se incorporen al mercado televisivo al poder ampliarse de forma muy considerable el número de frecuencias.
En el ámbito andaluz, el Gobierno de la Junta de Andalucía comienza a trazar sus planes para la televisión digital terrestre (TDT) y ha solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la concesión de tres canales múltiples de ámbito regional, cada uno de los cuales tendrá la posibilidad de difundir cuatro programas o señales distintas, con lo que la comunidad podría contar con hasta doce televisiones.
Fuentes del Ejecutivo autonómico admiten que la solicitud traslada al Ministerio, como encargado de regular el mapa audiovisual en España, es una propuesta de máximos cuya meta es reservar cuatro de esos programas a la televisión pública andaluza, RTVA, en tanto que los otros ocho estarían destinados a empresas privadas.
Si bien la competencia de establecer el número de canales es estatal, son las comunidades autónomas las responsables de resolver las adjudicaciones de los programas. En el caso andaluz, RTVA cuenta en la actualidad con dos canales de televisión analógicos, Canal Sur y Canal 2 Andalucía, que tienen garantizadas sus frecuencias digitales, pero no hay empresas privadas televisivas de ámbito exclusivamente regional.
Las perspectivas en este último terreno están abiertas, máxime teniendo en cuenta las fuertes limitaciones que la normativa estatal impone a la participación de una misma empresa en televisiones de diferente ámbito territorial y a la existencia de un angosto mercado publicitario reservado a día de hoy a las cadenas más consolidadas.
En el caso de Andalucía, y sin ir más lejos, las dos televisiones privadas que emiten en abierto en España –Antena 3 y Telecinco– han reducido a la mínima expresión sus delegaciones territoriales en Andalucía y han suprimido de sus programaciones los espacios informativos dedicados a las noticias de la comunidad debido a que ni los ingresos publicitarios, ni su nivel de audiencia, ni su capacidad de influencia compensaban los costes.
A esas dificultades se unen las medidas antimonopolio que fija la Ley de Televisión Privada de 1998, modificada por última vez por el PP a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2003. Esta norma fija que los concesionarios de un canal de televisión privada de cobertura estatal sólo pueden ser accionistas de emisoras locales o autonómicas siempre y cuando su cobertura en ambos ámbitos no supere el 25 por ciento de la población española.
A ello se une una segunda restricción: un mismo accionista no puede tener participaciones iguales o superiores al 5 por ciento en los tres niveles de cobertura televisiva (estatal, autonómico o local) de forma simultánea en una misma demarcación o ámbito geográfico, de tal forma que únicamente se le permitirá que esté presente en dos. Ello impide en la práctica que el concesionario de un canal estatal tenga una presencia decisiva en una televisión local donde tenga una de ámbito regional.
En el mismo sentido, la ley prohíbe ser accionista «significativo» en varios canales de cobertura nacional, lo que en su momento hizo que Telefónica abandonase Antena 3 tras la entrada de la operadora en Sogecable.