El nuevo modelo de financiación de RTVE está bajo la lupa de Bruselas. La Comisión Europea prepara la apertura de un procedimiento formal contra España para investigar si el nuevo modelo, que compensa la eliminación de los ingresos por publicidad con el cobro de tasas a las cadenas privadas y a las operadores de telecomunicaciones, puede suponer un caso de ayudas ilegales de Estado.
Según fuentes comunitarias, la comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, está recabando ya toda la información sobre la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y con la que RTVE recaudará anualmente cerca de 600 millones de euros por las tasas, más otra cantidad igual que recibe de los Presupuestos Generales del Estado.
La Comisión Europea (CE) tendrá que decidir, una vez que abra el procedimiento, si la financiación está justificada suficientemente por el coste del servicio público que presta el grupo audiovisual. En el nuevo modelo para RTVE, las cadenas privadas en abierto están obligadas a destinar el 3% de sus ingresos a financiar a la televisión pública, porcentaje que se reduce al 1,5% en el caso de las plataformas de televisión de pago y al 0,9% en el de las operadoras de telecomunicaciones.
Denuncia
Telefónica, Vodafone y Orange preparan sus denuncias a la ley ante Bruselas. En el argumentario, las compañías denuncian la desproporcionalidad de la tasa, que no sólo grava los ingresos que perciben por los servicios audiovisuales que prestan, sino la totalidad de su facturación, incluyendo la voz, alejada totalmente del negocio audiovisual. Además, según algunas fuentes, los técnicos de la Comisión Europea estarían analizando si resulta conforme a la normativa que empresas con negocio en el ámbito comunitario, como Vodafone y Orange, financien una empresa pública de un país de la Unión Europea.
La previsible apertura del procedimiento contra España está reforzada, además, por la decisión de Bruselas de abrir expediente a Francia por idénticos motivos. El Estado galo aprobó el pasado mayo la legislación que elimina la publicidad de la televisión pública francesa, que pasará a financiarse, en parte, con tasas a los operadores. De hecho, el Gobierno español se inspiró en la normativa gala para elaborar la regulación local. La legislación francesa combina un impuesto audiovisual, junto con subvenciones públicas y otras dos tasas, una sobre los mensajes de publicidad y otra sobre las comunicaciones electrónicas.
En su comunicado, la Comisión Europea afirma que su primera evaluación le hace sospechar que hay una compensación excesiva sobre los costes del servicio público de la televisión a largo plazo, al extenderse a los años 2011 y 2012. Mientras se concluye esta investigación, Bruselas garantiza que el servicio público France Télévisions tendrá garantizada su financiación, ya que autoriza al Estado galo a mantener la inyección presupuestaria de 400 millones de euros.
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En el caso del procedimiento contra España, la financiación vía tasas a los operadores podría quedar suspendida, aunque no así la eliminación de la publicidad, cuya ley ya ha entrado en vigor. De ser así, el ente público tendría que financiarse temporalmente sólo con las aportaciones estatales, según apuntan fuentes jurídicas. Desde el pasado 1 de septiembre, TVE sólo emite la publicidad que ya tenía contratada con anterioridad a esa fecha, circunstancia que se mantendrá hasta final de año. El grupo audiovisual no puede ya, sin embargo, contratar nueva publicidad.
Las cadenas privadas esperan captar parte de los 600 millones de euros en inversión publicitaria que se liberarán con la eliminación de anuncios de TVE, así como negociar mejores contratos con los anunciantes, al reducirse el número de cadenas con publicidad.
Tres pasos
1. La Comisión Europea ya ha abierto un expediente al Estado francés, con un modelo de financiación a largo plazo para su televisión pública muy similar al español.
2. Las operadoras estudian la presentación de sus denuncias contra la nueva ley ante Bruselas, con la desproporcionalidad de la tasa como argumento.
3. La apertura del procedimiento de investigación contra España podría paralizar el cobro de las tasas a los operadores, pero no así la financiación estatal.