El método elegido, legalmente cuestionable, permite al ejecutivo modular, de forma discrecional, plazos y beneficiarios. La sorpresa de la Semana Santa para la industria de los media ha sido la escenificación de la luz verde política a la emisión de contenidos de televisión digital terrestre (TDT) de pago. Una escenificación que en opinión de algunos ha sido «con freno y marcha atrás» como diría Jardiel Poncela, porque, según esa interpretación, las presiones de los grupos más opuestos a la TDT de pago (especialmente Prisa y su filial Sogecable) se habrían impuesto a las de los grupos promotores (Mediapro y La Sexta) y logrado una rectificación a medias del Ejecutivo
En realidad, la película de los hechos señala que el Gobierno, utilizando como vehículo una nota del Ministerio de Industria (aunque las decisiones políticas sobre el siempre sensible tema de los medios de comunicación se cocinan y deciden mucho más arriba), emitió a primera hora de la tarde del miércoles un aviso a navegantes en el que animaba a las cadenas de televisión a solicitar una modificación de su título concesional. Esa potestad está, efectivamente, en manos del Gobierno, aunque para ello es preceptivo un informe previo del Consejo de Estado y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
El mecanismo elegido es, desde el punto de vista jurídico, audaz y arriesgado. Audaz, porque no se modifica ninguna legislación de forma horizontal (para que afecte a todos los concesionarios), sino que se trata de solicitar al Ejecutivo una gracia discrecional. Es decir, con esta estrategia, Moncloa puede sostener, con razón, que no ha aprobado la TDT de pago, porque no hay nada que aprobar. De esta forma, se limita la posibilidad de interponer cualquier recurso porque no hay contra qué ponerlo. Las notas de prensa no salen en el BOE.
Justificación
Pero también es arriesgado (aunque este Gobierno está acostumbrado a dar saltos mortales jurídicos de superior calibre) porque la modificación de una concesión debe justificarse por razones de utilidad pública, y beneficio del interés general. Y aunque es evidente que la TDT de pago supondrá, como dice Industria en su nota, que las cadenas de TV «podrán acceder a una fuente adicional de financiación», no lo es tanto que lo que es bueno para las «teles» sea bueno para los españoles, sobre todo cuando la medida va a suponer una reducción del número de canales en abierto a disposición del público. Con todo, hay precedentes. No es la primera vez que este Gobierno hace algo muy parecido, puesto que también se modificó la concesión de Sogecable (recorriendo el mismo camino, pero en sentido contrario), cuando transformó un canal de televisión de pago, Canal+, en uno en abierto, con lo que nació Cuatro.
El caso es que horas después del anuncio del miércoles, pasadas las nueve de la noche, y después de muchas reacciones a favor (Mediapro, Uteca, etc) y en contra (Prisa), Industria emitió una «nota aclaratoria» que podría ser interpretada como una marcha atrás. Pero una lectura atenta de la nota confirma que, en realidad, más que aclarar, reitera lo establecido en la primera.
La nota señala textualmente que «este anuncio no implica que el Gobierno haya autorizado la concesión de la TDT de pago, ya que la puesta en marcha de ésta y sus condiciones requieren asimismo, y en todo caso, de un acuerdo de Consejo de Ministros». Es decir, nada nuevo. La aprobación o no de la modificación de las licencias (concesiones) de las cadenas de televisión sigue dependiendo (como se establecía en la primera nota) de la decisión del Gobierno.
Con la escasa información de que se dispone aún, es difícil dilucidar si, en realidad, va a haber la «marcha atrás» o no en la TDT de pago, aunque bien pudiera ocurrir si la presión es muy fuerte. Porque lo único que sí está claro es que la vía elegida otorga al Gobierno libertad total para actuar. Puede aprobar la conversión de unas licencias rápidamente y postergar la de otras sine die, o incluso denegarlas, y desde luego puede modular a su antojo los tiempos y plazos para su aprobación.
El único otro hecho claro es que si Mediapro quiere lanzar su canal de fútbol de pago para la próxima temporada (que es, al fin y al cabo, el principal motivo que tiene el Gobierno para aprobar la TDT de pago a corto plazo), los descodificadores especiales preparados para admitir el pago y la codificación de la señal (los 17 millones de descodificadores digitales instalados actualmente en los hogares no sirven) tienen que estar en las estanterías de Mediamarkt y El Corte Inglés como muy tarde en julio. Y, para eso, los primeros pedidos tienen que hacerse ya.