El Pleno del Congreso de los Diputados emplazó hoy por unanimidad al Gobierno a tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas urgentes que aprobó el pasado 20 de febrero para favorecer la fusión entre cadenas de televisión en el actual escenario de crisis.
La Cámara Baja convalidó el decreto por amplia mayoría (se opusieron PNV y ERC), pero respondió con un no a las prisas que ha aducido el Ejecutivo para dar carácter de urgencia a la norma. Todos los portavoces de la oposición coincidieron en señalar que el apoyo a la concentración en el sector televisivo merece un debate más pausado en el Parlamento, y el PSOE no puso reparos a ello.
El decreto elimina la restricción a los operadores de tener más de un 5% de la propiedad de varias cadenas, pero lo supedita a que la audiencia media acumulada no rebase el 27%.
Sin menoscabo
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó que el decreto se justifica por la necesidad de avanzar en la liberalización del sector televisivo y garantizar la solidez financiera de los operadores, en un momento en que el mercado publicitario está experimentando un importante ajuste.
Sebastián manifestó que la posible concentración entre cadenas se hará sin menoscabo del pluralismo audiovisual, y para ello están los condicionantes que plantea la norma, como el tope máximo de audiencia acumulada o la garantía de que tendrán que existir al menos tres operadores de ámbito estatal.
El decreto establece además un límite para las participaciones en operadores españoles de empresas y particulares que no sean miembros del espacio económico europeo. Estos inversores estarán sujetos al principio de reciprocidad, aunque no se aplicará con carácter retroactivo.
Garantizar a toda la población la recepción de la TDT con la vista puesta en el apagón analógico de abril de 2010 es otro de los motivos que el titular de Industria adujo como razón para impulsar esta norma con carácter de urgencia.
«Batiburrillo»
Por el PP, Esteban González Pons afirmó que el decreto constituye un batiburrillo de disposiciones destinado a favorecer la concentración empresarial en la industria televisiva, cuando hace poco tiempo el Gobierno aprobó precisamente lo contrario. Hace unos años, tres operadores eran insuficientes para garantizar la pluralidad informativa y aprobaron dos nuevas cadenas (Cuatro y La Sexta). Ahora, tres cadenas les parecen las idóneas. ¿ En qué quedamos?.
El representante popular aseguró que su partido está de acuerdo en apoyar al mercado televisión para afrontar la crisis, pero éste es un decreto que no remienda el verdadero problema del sector, el de un mercado asimétrico en el que la televisión pública juega con la ventaja de la doble financiación: el dinero de los contribuyentes y de la publicidad.
Para González Pons, estas medidas serán poco eficaces si no se suprime la publicidad en las televisiones públicas en un plazo razonable, algo que anunció que su grupo defenderá formalmente en el ámbito parlamentario.
Desaguisado
CiU apoyó la convalidación porque, en palabras de Josep Sánchez Llibre, «viene a enmendar el desaguisado que el Gobierno socialista cometió en 2005 cuando aprobó la creación de dos nuevos canales en abierto (Cuatro y La Sexta), a pesar de que la mayoría de grupos dijeron que se iba a producir un exceso de operadores» que ahora se ha constatado una realidad.
El PNV, en una nueva visualización de su desapego hacia el Gobierno desde las elecciones vascas, votó en contra de la convalidación, porque, en palabras de su diputado José Ramón Beloki, vuelve a ser una demostración de que la Administración de Rodríguez Zapatero no sabe a dónde quiere llevar el sector audiovisual y sólo lo regula a base de parches.
<>Y encima, agregó, con un real decreto que no consiente el suficiente debate parlamentario; cuyo carácter urgente no está justificado salvo que hayan primado más los interes privados no aclarados que los públicos, y que entra en las competencias autonómica como un elefante en una cacharrería. En esta queja de invasión competencial coincidieron todos los portavoces nacionalistas.
En representación de ERC, Francesc Canet afirmó que su partido defiende la derogación del decreto porque propugna una concentración que traerá menos pluralismo.
Por IU-ICV, Gaspar Llamazares comentó que no se propone desde el Gobierno liberalización, sino una concentración que empobrece el panorama del pluralismo informativo. Sin embargo, comentó que la norma incluye medidas de interés general en favor de la TDT, y por eso IU se abstiene en su convalidación.
Residual
Ana Oramas, de Coalición Canaria, manifestó que el decreto es el último eslabón de la improvisada y precipitada cadena de acontecimientos en que se ha convertido el proceso de transición a la TDT, pero su grupo apoya su convalidación para no obstaculizar el apagón analógico.
Desde las filas socialistas, Óscar López comentó que el decreto constituye un paso más en la reforma audiovisual, refuerza el pluralismo y da más garantías al sector televisivo.
Por lo que respecta al sector televisivo, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha advertido de que este decreto se quedará en algo residual si no se suprime la publicidad en las televisiones públicas y no se les impide a éstas pujar por derechos pretendidos por los operadores comerciales, según declaró a Servimedia el secretario general de Uteca, Jorge del Corral.