El Gobierno aseguró hoy que está trabajando para trasponer rápidamente al ordenamiento jurídico español la nueva norma europea que regula la publicidad en las televisiones públicas y privadas, después de que la Comisión Europea exigiera hoy a España que tome medidas para garantizar que las cadenas cumplen la normativa de la UE.
Fuentes gubernamentales señalaron que el Ejecutivo está trabajando para una trasposición rápida de la nueva directiva de medios audiovisuales, que entró en vigor hace cuatro meses y que mantiene el límite de publicidad en televisión fijado por la Directiva de Televisión sin Fronteras, 12 minutos por cada hora.
Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 19 de diciembre de 2009 para trasponer la nueva directiva a sus legislaciones nacionales.
La Comisión Europea emitió hoy un ultimátum formal (dictamen motivado) al Gobierno español para exigirle que tome medidas que garanticen que las televisiones respetan los topes de publicidad. Si en el plazo de dos meses no se han adoptado las medidas, el Ejecutivo comunitario puede optar por denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
El ultimátum se enmarca en un procedimiento abierto por Bruselas en julio de 2007, cuando aún no había entrado en vigor la nueva directiva pero ya se había alcanzado un acuerdo político por el cual la nueva norma mantendría los límites publicitarios previstos en la anterior Directiva de Televisión sin Fronteras.
El expediente europeo se basa en un estudio sobre el cumplimiento de la normativa europea sobre publicidad en las cadenas españolas se llevó a cabo en dos fases: primero entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2005 y después con muestras de una semana por mes entre julio de 2005 y julio de 2006.
Las conclusiones revelan en particular, según Bruselas, que el concepto de anuncio publicitario se interpreta de manera demasiado restringida en España, de forma que un gran número de espacios publicitarios habituales en el paisaje audiovisual español (microespacios publicitarios, anuncios de telepromoción, publirreportajes, etc.) se escapan al límite de los 12 minutos por hora de reloj que fija la directiva. En estos casos, España aplica otro límite establecido por la normativa nacional (17 minutos a la hora).
Por este motivo, Bruselas abrió un expediente contra España en julio de 2007. Las autoridades españolas contestaron a este expediente en octubre de ese mismo año, pero rehusaron ajustar su interpretación a la defendida por la Comisión, lo que ha obligado a ésta a seguir adelante con la segunda fase del procedimiento.