La policía nacional ha detenido en Aldaia al presidente de una comunidad de propietarios y a un vecino por piratear la señal de Digital+, según informó la Jefatura Superior de Policía por medio de un comunicado.
Los dos están acusados de distribuir la señal a los 28 vecinos de la finca. El Código Penal castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel por un delito de estafa el pirateo de las señales de televisión de pago.
Agentes del grupo de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia arrestaron el miércoles al presidente de la comunidad y al vecino de la finca como presuntos autores de un delito de estafa relativo al mercado y a los consumidores. El vecino detenido era abonado a Digital+.
Las investigaciones se iniciaron el 29 de enero cuando el servicio técnico de Canal Satélite y Vía Digital denunció la existencia de un aparato que permitía que con un solo decodificador digital la señal llegase a los 28 pisos de una finca de la localidad de Aldaia.
Los agentes del grupo de delitos tecnológicos comprobaron la denuncia y procedieron a la detención de los dos acusados. Los policías intervinieron un decodificador de Digital+, una tarjeta de abonado, un mando a distancia y un modulador de entrada con euroconector y salida por RF.
Los dos detenidos en Aldaia carecían de antecedentes policiales. Los agentes de la policía nacional encargados del caso los dejaron en libertad tras tomarles declaración con la obligación de que comparezcan en el juzgado cuando los cite el juez encargado del caso.
Código Penal
El artículo 286 del Código Penal prevé las penas de cárcel de seis meses a dos años y multa, con independencia de la indemnización a Digital+ por los daños y perjuicios causados por el pirateo colectivo de su señal.
En los últimos meses se ha endurecido la lucha judicial contra la piratería. El juzgado de lo Penal número uno de Gandia condenó en 2005 en un caso más grave a un hombre a un año de cárcel, a una multa de 2.500 euros y a que indemnizara a Canal Satélite con 60.000 euros por vender los códigos necesarios para piratear la señal con tarjetas falsas. El juez condenó al acusado por un delito continuado de Revelación de Secretos y Defraudación de las Telecomunicaciones.