El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes, día 11, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «Televisión sin fronteras», que pretende que las cadenas autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua.
Se trata de una iniciativa que llegó al Congreso en septiembre de 2011 con el apoyo de más de 670.000 firmas de ciudadanos y que pretende eliminar las trabas administrativas para garantizar que las televisiones autonómicas con lengua propia se puedan ver en otras comunidades. El objetivo original era que TV3 pudiera verse en la Comunitat Valenciana y en Baleares, pero después se ha reclamado también que EITB pueda emitir en Navarra.
Tras la Junta de Portavoces de los martes, el diputado de ERC, Alfred Bosh, ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja que se trata de una iniciativa que aboga por una televisión sin obstáculos lingüísticos o administrativos y que ha sido promovida por diferentes entidades y provocada en origen por la imposibilidad de que TV3 y otras televisiones en catalán no pudieran ser vistas desde la Comunidad Valenciana o las islas Baleares.
Según ha explicado, ERC, en cierta medida, fue impulsora de esta iniciativa porque considera que igual que se reciben ofertas televisivas en varios idiomas, como el inglés o el francés, también en muchas partes de España se podría recibir la señal de cadenas en catalán. Algo que parece tan evidente, tan lógico y tan de siglo XXI como esto, pues no es fácil y es complicado. Por ello, la necesidad de presentar esa ILP, ha agregado.
Un par de años de tramitación parlamentaria
Fue hace apenas un año, bajo el anterior Ejecutivo socialista, cuando la Cámara baja decidió tomar en consideración dicha iniciativa popular. Así, el PSOE, CiU, PNV, ERC, IU-ICV, Coalición Canaria, BNG y NaBai mostraron su disposición favorable a su tramitación, a diferencia de UPyD que votó en contra, o el PP y UPN que se abstuvieron en la votación. En concreto, al tratarse de una ILP es una iniciativa que no decayó en el trámite parlamentario con la disolución de las Cortes para la concurrencia de los comicios del pasado 20 de noviembre de 2011, es decir, que se ha tramitado con la conformación del nuevo Gobierno, a diferencia de otras normativas pendientes, como por ejemplo la Ley de Muerte Digna o la Ley de Igualdad de Trato.
Precisamente, pese a cumplir con los trámites formales y contar con el visto bueno de la Junta Electoral Central a las firmas presentadas, la iniciativa se topó en octubre de 2010 con el veto del Gobierno socialista, que, acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución Española, rechazó su tramitación al considerar que suponía un aumento del gasto público.
Sin embargo, la Mesa del Congreso consideró posteriormente que ese veto no estaba suficientemente justificado, por lo que le devolvieron el escrito al Gobierno para que detallase en qué se basaba su rechazo a tramitar la iniciativa, que a mediados de verano de 2011 dio el visto bueno a su tramitación. La entidad que la promueve, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), se reunió en julio de 2011 con el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y con su equipo para solicitar que el Gobierno levantara el veto a la tramitación de esta iniciativa ciudadana. Al encuentro asistieron la presidenta de la Comisión Promotora de la ILP, Mercè Teodoro; el presidente de ACPV, Eliseu Climent, y los representantes de las academias de la lengua Salvador Giner (Institut d»Estudis Catalans), Xosé Luis Méndez Ferrín (Real Academia Galega) y Xabier Kintana (Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca).