El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos privatizar las televisiones públicas regionales pero que les da la opción de quedarse con la gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
Entre las nuevas medidas de austeridad dirigidas a las cuentas de las comunidades autónomas, el Gobierno ha anunciado que ya tiene preparado como proyecto de ley la nueva regulación para las televisiones públicas autonómicas. Un cambio de modelo que abre la puerta definitivamente a la privatización del servicio público. El proyecto de ley, que se remitirá al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia, establece que «las comunidades podrán decidir como prestan el servicio», ha dicho Santamaría. «Si lo prestan directamente o si abren a concurso para que terceros lo realicen por ellos», ha añadido. La vicepresidente ha enfatizado, además, que las regiones que opten por la prestación directa, tendrán que cumplir escrupulosamente con las exigencias presupuestarias y el techo de gasto establecido para los entes autonómicos. Según el último informe elaborado por Deloitte para Uteca, la patronal de las televisiones privadas, las autonómicas cerraron 2010 con unas pérdidas de 1.297,5 millones de euros que compensaron, solo en parte, con 808,8 millones en subvenciones públicas. Su deuda con entidades de crédito era de 1.466 millones, concentrada sobre todo en la televisión pública valenciana (1.117 millones) y en la de Madrid (242 millones).