El Ministerio de Industria no fijará unos servicios mínimos para las televisiones privadas, como hizo en la última huelga general, según han señalado fuentes del ministerio, ya que la Audiencia Nacional estableció en una sentencia el año pasado que la actividad desarrollada por estas empresas no puede ser calificada como de servicio publico y por tanto el Gobierno no puede establecer servicios mínimos.
En la última huelga general, celebrada el 29 de septiembre de 2010, Industria emitió una orden en la que impuso unos servicios mínimos estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio esencial de información y los fijó en la producción y emisión de programas informativos en sus horarios habituales, reduciendo en un 20 por ciento su duración habitual. Asimismo, se establecía un porcentaje mínimo del 12 por ciento del personal de la empresa.
No obstante, posteriormente la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó un recurso interpuesto por la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) a esta orden y estableció que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General Audiovisual, que se aprobó en 2010, la actividad desarrollada por estas empresas no puede ser calificada como de servicio publico y por tanto, no se les puede imponer servicios mínimos.
En este sentido, la sentencia indica que la aprobación de la Ley General Audiovisual derogó el Estatuto de la Radio y la Televisión anterior que disponía que la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado y la Ley de Televisión Privada, que regulaba la gestión indirecta, por sociedades anónimas y empleando para ello la técnica concesional del servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad correspondía al Estado.