Para evitar los elevados costes del proceso de reasignación de frecuencias ante la llegada del dividendo digital, el Gobierno está reuniéndose con las diferentes cadenas que operan a nivel nacional para proponerles reducir el ancho de banda asignado, lo que permitiría reducir el montante final que se gastaría en el proceso.
La medida supondría, en consecuencia, reducir en la mitad los canales de televisión que pueden ofrecer a los telespectadores las distintas operadoras. RTVE, Antena 3, La Sexta, Veo Televisión y Net TV tendrían que renunciar a dos canales cada una, mientras que Mediaset (que tiene el doble de capacidad gracias a la absorción de Cuatro), tendría que reducir su oferta temática en cuatro canales. En total, podrían desaparecer 14 canales de televisión de entre los que actualmente existen en TDT. Por tanto, de seguir adelante este plan, las cadenas verían recortada su estrategia temática, así como las posibilidades de afrontar otros retos como la alta defnición, la televisión 3D, y la televisión de pago.
Algunas cadenas ya han mostrado su rechazo al Gobierno, indicándole que no dudarán en acudir a los tribunales si esta medida sale adelante para pedir indemnizaciones por daños y perjuicios. En algunos casos chocaría de lleno con los planes estratégicos puestos en marcha por las cadenas más grandes, que han desarrollado una oferta temática complementaria que ahora habría que revisar y reorganizar, mientras que en los casos de los operadores más pequeños podría derivar en serios perjuicios a algunos accionistas que podrían ver que su señal no puede continuar en antena (caso de Net TV, que cuenta en su accionariado con Intereconomía, Disney y Vocento) o en que algunos contratos de arrendamiento deberían rescindirse (caso de Veo Televisión, que cuenta con dos casos de arrendamiento de canales y dos de coproducción con otras empresas), por lo que podría haber terceras empresas afectadas.
El objetivo del gobierno es reducir los costes que supondrá la reorganización de frecuencias que se iniciará este año 2012 con el objetivo de liberar la banda de los 800 MHz, actualmente utilizada para la TDT, para servicios de telecomunicaciones de movilidad, un sector denominado clave para la reactivación económica del país. Este proceso costará alrededor de 800 millones tal cual está planteado: 150 millones de euros de base, más 500 millones por adaptación de antenas, alrededor de 26 millones destinados a campañas de comunicación, 20 millones de costes derivados de cambios de frecuencias de emisión a lo largo del país, y 100 millones más para garantizar la ampliación de cobertura.