Bruselas inició ayer una nueva ofensiva contra el modelo Sarkozy de financiación de las televisiones públicas sin publicidad. La dirección general de Competencia ya abrió el año pasado sendas investigaciones sobre los sistemas de financiación de la televisión pública en Francia y en España para verificar si constituyen una ayuda de Estado ilegal. Esos expedientes, que no conllevan un calendario concreto sobre su evolución, suelen prolongarse durante meses.
Pero la CE emprendió ayer otra vía en principio más expeditiva para atacar sólo la parte del modelo Sarkozy que impone una tasa a las operadoras de telefonía. Bruselas considera que ese impuesto, introducido por el presidente francés y seguido por países como España, viola las normas europeas, penaliza a un sector en expansión como el de las telecomunicaciones y puede acabar trasladando el coste de la televisión a la factura de los millones de usuarios de la telefonía o de internet.
El nuevo procedimiento de infracción contra el sistema francés lo ha abierto la dirección general de Sociedad de la Información, comandada todavía por la comisaria Viviane Reding. Y de manera significativa, el comunicado de prensa que anunciaba la apertura del expediente fue publicado en francés… y traducido al español. Fuentes comunitarias confirmaron a CincoDías la intención de la CE de abrir un expediente idéntico contra la tasa impuesta a los operadores de telefonía en España.
Plazos estrictos
Los nuevos expedientes se basan en la normativa sobre el sector de las telecomunicaciones (en concreto, en el Artículo 122 de la Directiva 2002/20 sobre licencias). Y en principio conllevan plazos más estrictos que las investigaciones sobre ayudas de Estado.
Reding, que previsiblemente dejará el puesto el próximo 9 de febrero a la actual comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha concedido dos meses al Gobierno francés para presentar alegaciones. Si París no convence a Bruselas en ese plazo o no retira la medida, la futura comisaria del sector podría continuar adelante con el expediente y presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo.
El plan francés se inició en 2008 con el objetivo de eliminar progresivamente la publicidad de los canales públicos (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô y RFO). Para lograrlo creó dos impuestos (uno, de hasta el 4%, sobre la publicidad de los operadores privados de televisión; y otro, del 0,9%, sobre los operadores de telecomunicaciones) para completar la financiación pública.
El enfrentamiento entre la CE y Francia sienta un peligrosísimo precedente para el sistema de financiación de RTVE que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Ese sistema impone desde este año a las operadoras de telefonía una tasa del 0,9% de sus ingresos brutos de explotación. Con ese gravamen, unido a otros dos (sobre las televisiones privadas y sobre el uso espectro radioeléctrico) el Gobierno espera recaudar unos 618 millones de euros para RTVE.
Ese impuesto completaría los 582 millones de euros de la aportación de los presupuestos del Estado a una televisión pública que desde el 1 de enero ha perdido los ingresos por publicidad.